FGR acusa a Funes y Pignato de enriquecimiento ilícito

Fiscales Anticorrupción presentaron ayer la demanda formal ante la Cámara Segunda de lo Civil, que tramita el juicio contra el expresidente y su familia.
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La Fiscalía General de la República (FGR) incluyó ayer a la ex primera dama de la República Vanda Pignato en la demanda civil que presentó ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, que actualmente diligencia el juicio contra el expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena (2009-2014) por supuesto enriquecimiento ilícito.

En la demanda también está incluido Diego Funes Cañas, hijo del exfuncionario, quien ya había sido tomado en cuenta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando ordenó el inicio del juicio civil por enriquecimiento ilícito, el pasado 9 de febrero.

La documentación presentada por la FGR ayer, cerca de las 3:15 de la tarde, estima que el incremento patrimonial no justificado por Funes Cartagena, su hijo y la ex primera dama de la República durante la anterior gestión presidencial asciende a $728,329.74. La cifra supera los estimados de la Corte Suprema cuando ordenó el juicio civil, que rondaba los $500,000, luego de que el exfuncionario presentó pruebas de descargo a su favor y documentos para justificar ingresos que no habían sido especificados en sus declaraciones de inicio y cese de funciones ante la Sección de Probidad de la Corte.

El jefe fiscal de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya, explicó que Pignato fue incluida en la demanda debido a que supuestamente pagó antes de tiempo y de forma expedita préstamos financieros que tenía pendientes.

“Como ellos estaban involucrados desde un primer momento con el señor Funes Cartagena, por esa razón van inmersos en la demanda”, dijo Amaya, y agregó que “la doctora (Pignato) tuvo que pagar unas deudas cuando se tiene establecido hasta este momento que ella (entonces) no tenía ingresos”.

El análisis de la Sección de Probidad, que dio origen al juicio civil, cuestionó a Funes Cartagena la adquisición de bienes, como vehículos, sin que se reflejen movimientos en sus cuentas bancarias. En el caso de su hijo, Funes Cañas, Probidad no encontró coherencia en la inversión de más de $118,000 en vehículos sin que tuviera un ingreso comprobable.

El jefe fiscal confirmó, además, que paralelo al proceso civil, la Unidad Anticorrupción desarrolla actualmente una investigación de carácter penal.

La Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) informó que la Cámara Segunda de lo Civil tiene actualmente entre 15 y 20 días hábiles para revisar la documentación presentada, que consiste en 17 piezas de 200 folios cada una, para determinar si le hace alguna prevención; de lo contrario, la cámara habilitará otros 20 días para que los demandados presenten sus pruebas de descargo.

“No hay una justificación que nos lleve a establecer que ese incremento de $728,000 sea producto lícito, sino que tenemos los indicios para establecer que es no justificado”, dijo Amaya.

Amaya valoró, incluso, que la cantidad supuestamente no justificada por Funes Cartagena podría incrementar (ver nota en la página 16).

El jefe fiscal informó, además, que dentro de la documentación de la demanda presentada ayer también se incluyen datos de las empresas de las que Funes Cartagena aseguró haber recibido fondos, para justificar sus ingresos. Una de ellas es la del excomunicador Jorge Hernández, la que supuestamente contrató al exfuncionario durante varios meses con un salario superior a los $3,000 mensuales.

La FGR incluye en su demanda, según explicó el jefe fiscal, la penalización de inhabilitación para optar por cargos públicos por un máximo de 10 años, como lo establece la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), que está siendo utilizada para tramitar los juicios activos por supuesto enriquecimiento ilícito que tramita la Cámara Segunda y la Cámara Primera de lo Civil.

La LEIFEP establece como parte de su penalidad, de encontrar responsabilidad civil del funcionario o exfuncionario, que el condenado restablezca los fondos no justificados.

Funes fue el primer expresidente de la República contra el que la CSJ ordenó un juicio civil. Antes de ello había ordenado juicios civiles contra el diputado del PCN Reynaldo López Cardoza y el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Pocos días después del proceso contra Funes, la CSJ ordenó el juicio civil contra el también expresidente de la República Elías Antonio Saca (2004-2009). El expediente de Saca fue enviado a la Cámara Primera de lo Civil, que el pasado 18 de marzo hizo oficial el inicio del proceso civil.

A Saca la Sección de Probidad le encontró falta de respaldo en más de $2.7 millones, junto con su esposa, Ligia Mixco de Saca, también ex primera dama de la República.

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