FGR apunta al Ejército por masacre en Tecoluca

Un magistrado de lo Constitucional y familiares de las víctimas de la masacre de Tecoluca desnudaron inoperancia de la Fiscalía al investigar los crímenes de la guerra civil. La Fiscalía señaló que no le dan información.
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“¿Notó voluntad política del señor comandante de las Fuerzas Armadas de obligar a los mandos militares a dar esta información?, ¿la Fiscalía ha previsto acciones legales contra cualquier funcionario, de cualquier rango militar, por no contribuir al esclarecimiento del caso?, ¿ha previsto algún tipo de acción legal, inspecciones en el lugar o incautaciones de documentos?”, le preguntó ayer el magistrado de la Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez a dos delegados de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar crímenes de guerra, durante la audiencia de seguimiento de la sentencia con la que la sala ordenó investigar la masacre ocurrida en San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981, en la que fueron masacradas cerca de 45 personas.

“¿Notó voluntad política del señor comandante de las Fuerzas Armadas de obligar a los mandos militares a dar esta información?, ¿ha previsto algún tipo de acción legal, inspecciones en el lugar o incautaciones de documentos?”
Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional

Una sala sin los magistrados Armando Pineda Navas y Rodolfo González; y con los magistrados Belarmino Jaime y Sonia Barillas escuchó ayer a los investigadores fiscales admitir tímidamente que el jefe supremo de la Fuerza Armada, el presidente Salvador Sánchez Cerén, ha tenido voluntad de entregar información, pero que al canalizarla al Ministerio de la Defensa esta ha sido entregada de forma parcial.

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“Se pidieron nóminas de quiénes conformaban el alto mando en ese momento, pero también nóminas más específicas para identificar el tipo de armamento que podía utilizarse, acciones que podían tomarse, y otros datos más específicos, y la respuesta es que hay una búsqueda exhaustiva de esos archivos y no se encuentran”, dijo uno de los fiscales.

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La Fiscalía sostuvo que luego de recibir reiteradas negativas por parte del Ministerio de la Defensa, en el marco del proceso judicial de la masacre de El Mozote, solicitaron al juzgador del caso que citara a la comisión de búsqueda de archivos de la Defensa para que explicara el método de búsqueda. Según declararon los fiscales, de la revisión del proceso tomaron varios insumos para crear estrategias y poder acceder a los datos claves de los casos de guerra.

“Sí, en este hecho se dice que hubo violencia sexual en alguna de las víctimas. Es un gran reto que tenemos hablar de violencia sexual en el conflicto armado, es un tema bastante complejo por el tiempo transcurrido”.
Fiscal, Unidad Especializada para Investigar Crímenes de Guerra

Los fiscales no quisieron comprometerse a aseverar si existe o no alguna investigación penal contra funcionarios o exfuncionarios por ocultar información.

En medio de críticas de familiares de las víctimas y del magistrado Meléndez por no haber avances sustantivos en la investigación, los delegados de la Fiscalía afirmaron que han recabado los suficientes elementos de prueba para corroborar que el 25 de julio de 1981 ocurrió una masacre en San Francisco Angulo. Sin embargo, los investigadores fiscales admitieron que no han podido generar insumos suficientes para cumplir con una investigación que les permita señalar, más allá de la existencia del hecho, a los responsables del caso, que fue calificado por uno de los fiscales como un hecho “abominable”.

Los delegados del fiscal general aseguraron que el caso apunta hacia la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada, a quienes aparte de investigarlos por los homicidios de 45 personas en Tecoluca, también se les está investigando por presuntas violaciones sexuales colectivas previas a la masacre. Además, también están indagando la existencia de otras masacres en días anteriores a la de Tecoluca, tales como la de la zona del cantón Guadalupe y Tenancingo.

“Sí, este hecho se dice que hubo violencia sexual en alguna de las víctimas. Es un gran reto que tenemos hablar de violencia sexual en el conflicto armado, es un tema bastante complejo por el tiempo transcurrido. El motivo principal para presentar esos hechos lo representan las víctimas”, dijo un fiscal.

Además de señalar la falta de información, los fiscales volvieron a escudarse en los argumentos sostenidos en ocasiones anteriores sobre la lentitud de las investigaciones en los casos de guerra; dijeron que no hay suficientes recursos en la institución para estas investigaciones y que estos casos requieren pericias complejas.

El magistrado Florentín Meléndez recordó que el caso fue llevado ante una sede judicial hace 13 años. La sala ordenó la investigación hace cuatro, y hace dos años se removió todo obstáculo procesal con la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

La Fiscalía señaló, ante las miradas de asombro de las víctimas, que a la fecha no han podido exhumar a 15 de las 45 personas asesinadas porque no cuentan con testimonios sobre su ubicación.

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La abogada representante de las víctimas en el proceso de amparo, Claudia Interiano, señaló que algunas de las personas que esperan justicia por sus familiares están ya en edades avanzadas y otras han muerto esperando ver el caso judicializado.

El mensaje de Interiano fue secundado por sobrevivientes de la masacre, quienes denunciaron prácticas como intervenciones de investigadores policiales ebrios en años anteriores.

Los fiscales no quisieron tomar responsabilidad de los hechos ocurridos antes de la creación de la Unidad Especializada para Crímenes de Guerra, el 12 de diciembre de 2016. A la fecha, dicha instancia cuenta con cuatro fiscales y cuatro investigadores policiales, quienes deben de descifrar todos los crímenes que dejó como saldo la guerra civil en el país.

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