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FGR busca que empresas clan Salazar-Umaña sigan activas

Empleados de Gumarsal protestaron ayer porque ven en peligro sus puestos
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Las empresas del clan Salazar-Umaña, nueve personas acusadas de haber lavado unos $215 millones por medio del uso de sus compañías comerciales, deben seguir operando para no afectar a sus empleados. Así lo dijo ayer el fiscal general de la república, Douglas Meléndez. El funcionario señaló que trabaja junto con el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) para que “se respete el derecho de los trabajadores. Lo menos que queremos es que esas empresas cierren”.

Meléndez agregó que el CONAB ha nombrado a algunos gerentes para sustituir a los que están prófugos después de que la Fiscalía General de la República (FGR) giró orden de captura en su contra por pertenecer a la red que supuestamente lidera José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”; Juan Samayoa Umaña, alcalde de Metapán (Santa Ana); y su hijo, Wilfredo Guerra. Este último era gerente general de Agroindustrias Gumarsal, una empresa que se dedica al comercio de granos básicos.

La FGR allanó las empresas del clan Salazar-Umaña el 4 de abril pasado, después de la detención de “Chepe Diablo” y tres de las mujeres con vínculos familiares.

“Nosotros vamos a velar porque esas empresas continúen y que los trabajadores sigan laborando”, reiteró ayer Meléndez.

Sin embargo, el funcionario reveló que en las primeras 72 horas en que la Fiscalía allanó las 26 compañías, entre ellas Gumarsal, venía un buque al país con materia prima; pero fue desviado por solicitud del CONAB. “Por lo que no se le permitió a la empresa proveedora, entiendo que de Estados Unidos pero con sede en Guatemala, que viniera a El Salvador”, afirmó Meléndez.

“El CONAB debe hablar con proveedores y distribuidores que tengan confianza que la administración la está haciendo y no afectar a los trabajadores”, agregó.

Empleados de Agroindustrias Gumarsal se concentraron ayer por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones del desvió hacia el municipio de San Juan Opico (La Libertad), para denunciar supuestos abusos y amenazas de perder sus empleos debido al proceso judicial.

Los empleados de Gumarsal denunciaron que el proveedor de Estados Unidos ya no les vende materia prima, la cual es clave para seguir con el normal funcionamiento de la compañía.

El fiscal general, además, pidió ayer al tribunal resolver sobre las cinco personas que siguen prófugas de la justicia por el caso, incluido el alcalde de Metapán y su hijo.

“Estamos pendientes de que se resuelva la situación jurídica de las personas que no fueron capturadas. Esperamos una nueva audiencia o que la jueza resuelva con vista de requerimiento. Esta es una investigación abierta, porque pudieran salir otras vinculaciones”, señaló.

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