FGR empieza a investigar los crímenes de guerra

El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que el grupo de fiscales designados es pequeño debido a la falta de recursos de la institución.
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El fiscal general, Douglas Meléndez, informó que el pasado 12 de diciembre emitió un acuerdo para designar a un grupo de “entre tres o cuatro fiscales” para la investigación de los crímenes de lesa humanidad que la Sala de lo Constitucional habilitó a indagar con la derogación de la Ley de Amnistía.

Meléndez explicó que a pesar de no contar con los recursos suficientes para llevar a cabo un amplio trabajo de investigación de los crímenes de guerra, este grupo ya se encuentra trabajando en “cuatro o cinco” denuncias que han sido interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) presentó, en octubre pasado, cinco denuncias de crímenes de guerra ante la Fiscalía.

“Una de las cosas que deben fortalecerse son las instituciones. Si lo que se quiere es que a las personas les llegue justicia las instituciones tienen que ser fortalecidas, si no, está cuesta arriba, no hemos encontrado aumento de dinero en nuestro presupuesto”, afirmó Meléndez respecto a los $4.3 millones adicionales que la Asamblea Legislativa tiene estipulado otorgarle a la institución para el año 2017, respecto al año pasado.

El titular del ministerio público afirmó que le parece positivo que el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, se haya referido en su discurso de ayer a que algunos comités de víctimas ya le hicieron llegar un anteproyecto de ley de reconciliación nacional, la cual espera sea discutida en los próximos días por los sectores involucrados. Según explicó el mandatario, con esta iniciativa se buscará llevar la justicia restaurativa a los familiares de las víctimas del conflicto armado.

“Hemos estado esperando y me alegra que el señor presidente haya hecho referencia a una posible legislación para dar justicia restaurativa. Hemos estado esperando que esto se diera”, declaró el fiscal general.

Luego de la derogación de la Ley de Amnistía, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Morazán reabrió la investigación sobre la masacre de El Mozote, ocurrida en Morazán en diciembre de 1981, en la cual fueron asesinados caseríos enteros a manos del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.

La sentencia en la cual la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía obligaba a la Asamblea Legislativa a crear una ley especial para facilitar a los familiares de las víctimas la información sobre los crímenes de guerra. De igual forma, en aquella sentencia, los magistrados señalaron que los casos tratados por la Comisión de la Verdad constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados.

CAPRES incumple

Un ciudadano solicitó en noviembre del año pasado a Casa Presidencial (CAPRES) y a sus secretarías que informaran sobre las directrices dadas por el presidente de la república, en su calidad de comandante de la Fuerza Armada, para dar cumplimiento de la sentencia de derogatoria de la Ley de Amnistía, en el sentido de dar facilidades a las víctimas del conflicto para que accedan a la información oficial de los crímenes de guerra.

La petición fue canalizada hacia la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos y la Secretaría Técnica y de Planificación. La primera indicó que no posee información al respecto por no estar dentro de su mandato, mientras que la segunda explicó que en el marco del único programa existente de desarrollo social para víctimas de guerra, en este caso de El Mozote, no se contemplan las medidas relativas al acceso a al justicia y la sanción de los responsables de los hechos, para lo cual recomendó al solicitante a pedir información a la cancillería.

Ambas instancias negaron tener conocimiento en aquel momento sobre algún tipo de anteproyecto de ley que pudiera acercar la asistencia de justicia restaurativa a las víctimas de guerra.

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