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FGR: estafa por bulevar Diego de Holguín fue de $12 millones

El extitular del MOP Jorge Nieto fue acusado ayer formalmente de tres delitos
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FGR: estafa por bulevar Diego de Holguín fue de $12 millones

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El exministro de Obras Públicas Jorge Isidoro Nieto fue acusado ayer de los delitos de peculado, falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes, en calidad de autor directo, por su presunta participación en el caso de corrupción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, actualmente Monseñor Romero.

La Fiscalía General de la República (FGR) cifró en $12,242,752.35 la supuesta estafa contra el Estado salvadoreño por parte del asocio temporal Concreto Preesforzado de Centroamérica, COPRECA, S.A., y la empresa Linares, S.A.

La acusación contra Nieto y 16 personas más fue presentada ayer en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Para uno de los acusados, Luis Renato Murcia Vásquez, la FGR solicitó el sobreseimiento definitivo por los delitos de peculado y falsedad ideológica, porque falleció “hace mucho tiempo”, dijo ayer el fiscal general, Luis Martínez.

Ocho de los que fueron acusados ayer ya están detenidos, según la FGR. Entre estos está el exviceministro Sigifredo Ochoa Gómez, quien fue detenido en el interior de un hospital privado por supuestos padecimientos de salud que no fueron explicados.

Acusación formal

Martínez y el jefe fiscal Anticorrupción, Andrés Amaya, explicaron que en el manejo del proyecto de construcción de la vía exprés Diego de Holguín tuvo, desde un inicio, hubo intenciones de favorecer al asocio COPRECA-Linares para que este pudiera obtener dinero del Estado salvadoreño.

Pese a tal planteamiento, el exministro de Obras Públicas 2004-2006, David Gutiérrez, quien firmó el contrato con el grupo de empresas, no está entre los acusados de corrupción. Gutiérrez, al igual que Nieto y Ochoa Gómez, fue funcionario en el gobierno de Antonio Saca.

Diversos medios de comunicación preguntaron el por qué de esta exclusión ayer, durante la conferencia de prensa dada por Martínez y Amaya. “No podemos inventar qué pasó y qué no pasó. No vamos a andar especulando”, dijo Martínez molesto, mientras aseguraba que hasta esta etapa de investigación no se ha encontrado ninguna actividad que vincule a Gutiérrez con irregularidades.

Martínez, por otro lado, explicó que Nieto “facilitó para que un tercero se apropiara de fondos del Estado, y eso constituye el delito de peculado”. Nieto es acusado de cambiar cláusulas del contrato entre el MOP y la constructora, que posibilitaron que esta ganara dos laudos arbitrales de $4,844,394.75.

Amaya señaló al guatemalteco Jesús Hernández Campollo como el principal autor del delito de estafa. Este fungió como el representante legal de COPRECA-Linares. El empresario aún no ha sido arrestado y, de acuerdo con el fiscal Martínez, es buscado actualmente en Guatemala.

El jefe fiscal Anticorrupción cuestionó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le haya desembolsado un anticipo de $7,695,887.15 a COPRECA-Linares, equivalentes al 30 % cuando el contrato establecía un 20 %.

“El señor Campollo nada más recibió el dinero, lo depositó en cuentas personales, pagó créditos personales y de la empresa. Pagó a otras empresas que trabajaban para él en otros proyectos”, dijo el fiscal Amaya, y agregó que tales fondos también fueron utilizados para “comprar 54,000 bolsas de cemento. Ese cemento él lo tenía que comprar ocho meses después”.

Tales insumos, según la FGR, volvieron a ser cobrados.

La hipótesis de la FGR es que los alegatos del asocio temporal, que sostenía que las obras del bulevar estaban varadas por prohibición de la Alcaldía de San Salvador, eran falsos. En 2007, la alcaldía capitalina suspendió la obra por falta de permisos. El fiscal Amaya explicó, sin embargo, que los permisos nunca fueron gestionados por COPRECA-Linares. Amaya aseguró, además, que en el interior del MOP se elaboró documentación falsa para hacer parecer que el abandono de la obra, por parte de la constructora, había sido supuestamente una suspensión administrativa avalada por el MOP.

En tales actividades, la FGR vincula como cómplices a los supervisores de COPRECA-Linares y del MOP. “El ministro (Nieto) lo que tenía que haber hecho es caducar el contrato y cobrar la fianza de la empresa”, sostuvo Amaya, y agregó que tal situación no se hizo con el único fin de favorecer a la constructora. La Fiscalía asegura que el exministro Nieto incluso sostuvo reuniones con el abogado de COPRECA-Linares, Roberto Oliva, para acomodar las cláusulas del contrato de manera que la empresa no solo pudiera obtener más desembolsos de parte del MOP por obras no realizadas, sino que además existiera la posibilidad de presentar demandas ante un tribunal arbitral.

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