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FGR exige a Sigfrido Reyes devolver $472,464 ilícitos

Demandan al expresidente de la Asamblea y su familia por riqueza ilícita. Investigación dice que invirtió, depositó y compró bienes sin justificar dinero. Defensa ve un "ataque sistemático".

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Embargo.  Los bienes están a disposición del CONAB mientras un juez define si son legales o no, para determinar si pasan al Estado.

Embargo. Los bienes están a disposición del CONAB mientras un juez define si son legales o no, para determinar si pasan al Estado.

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Othon Sigfrido Reyes Morales, prófugo expresidente de la Asamblea Legislativa, y su núcleo familiar tuvieron ingresos ilícitos que ascienden a $472,464.04 durante su época como diputado del congreso salvadoreño, entre 2006 y 2015. Eso sostienen las investigaciones que presentó ayer la Fiscalía General de la República (FGR) a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.

Un fiscal anticorrupción explicó ayer que el patrimonio de Sigfrido Reyes subió $459,714.04 de manera ilícita cuando fue diputado. El de su esposa, Susi Melva Guadalupe Rodríguez Hernández, creció $12,000 sin justificación legal; y el de Luis Damián Reyes Rodríguez, hijo de la pareja, $750. La Fiscalía los demandó en la Cámara y solicitó que cada uno reintegre los montos al Estado para hacer el total $472,464.04.

El argumento fiscal es que el salario de Sigfrido Reyes como diputado no era suficiente para que su patrimonio familiar creciera tanto. Por eso los fiscales sospechan que los fondos podrían provenir de las arcas del Estado, un origen ilícito. Las magistradas deben analizar, en un juicio civil, las pruebas de la FGR y Reyes para definir si los demandados tienen que devolver los fondos al Estado.

La demanda que presentó la FGR contra la familia Reyes es producto de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió por mayoría, en julio de 2019, que su patrimonio creció sin justificación en los tres periodos de Sigfrido Reyes como legislador, desde 2006. La conclusión de la Corte, con 10 votos de 15 magistrados, se basó en la declaración patrimonial de cese que entregó Reyes tras dejar la Asamblea en 2015.

Los magistrados de la Corte, basados en un informe de la Sección de Probidad, determinaron que la fortuna de la familia Reyes se incrementó $373,183.09 sin que exista constancia legal del origen. Ese dinero lo utilizaron supuestamente en ocho actividades financieras, entre ellas depósitos bancarios, compras de vehículos, adquisición de inmuebles e inversiones en Eco Residencial Las Violetas.

Pero la Fiscalía amplió la investigación de la Corte y encontró otra irregularidad en las finanzas de Reyes: $99,280.95 que posiblemente ingresó tras burlar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa para cobrar viáticos en exceso en sus misiones oficiales en el extranjero, cuando fue el presidente legislativo.

"Esto es lo que hoy se está reclamando en esta demanda y es lo que se va a pretender como Fiscalía para que se devuelva este dinero (al Estado), dijo el fiscal, a la vez que aclaró que el monto de supuesta riqueza ilícita no es definitivo, sino que puede variar mientras avanza el proceso civil.

Un "ataque sistemático"

Sigfrido Reyes, una figura de peso en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y su esposa acumularon ayer su tercer proceso judicial en los últimos 40 días. Antes, la FGR lo acusó de liderar una red de lavado de dinero, apropiación de fondos públicos y estafas al Estado. Y también le interpuso una petición de extinción de dominio para quitarle cinco propiedades, cuentas bancarias y empresas.

Son casos paralelos, pero tienen diferencias: por el proceso de lavado de dinero, Reyes se expone a una condena de prisión. En el caso de extinción de dominio, la Fiscalía busca quitarle los bienes porque sospecha que los adquirió con dinero ilícito. Y con la demanda presentada ayer, la FGR pretende que reintegre los supuestos fondos ilegales, una acción que para la ley no conlleva cárcel.

Por el primer caso, un juez giró orden de captura y declaró a Reyes como prófugo de la justicia, junto a tres de sus socios. Los otros 10 vinculados a la agrupación fueron dejados en libertad mientras la Fiscalía amplía las investigaciones. Son señalados de introducir $6.5 millones ilícito en el mercado financiero y comprar terrenos a menor precio del legal al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Pedro Cruz, defensor de Reyes, criticó ayer los señalamientos fiscales y de la CSJ. "El pleno de la Corte, sin hacer ninguna diligencia nueva y sin hacer ninguna pericia nueva, le dio vuelta a un dictamen hecho por expertos (Sección de Probidad). Haciendo una interpretación bastante desatinada y muy temeraria (...) Nosotros tenemos en este momento perfectamente documentadas todas las transacciones que la Corte puso en duda. Tenemos cómo demostrar el origen legal de cada centavo", dijo.

Y agregó: "En este caso han existido graves y múltiples derechos constitucionales. Aquí se está haciendo un linchamiento público, un linchamiento político, sin fundamento jurídico. Es parte de un ataque sistemático, con derivaciones burdas y malintencionadas. Noto en este caso una saña inusual contra el exfuncionario".

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