FGR indaga si viceministro j. Luis Merino cometió lavado de dinero

Diversos sectores hondureños piden a las autoridades de su país aclarar las negociaciones sobre la concesión del puerto Cortés, vinculadas a la supuesta red de testaferros al servicio del funcionario salvadoreño.
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La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ayer, en voz de su titular, que investigará si el viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, ha cometido el delito de lavado de activos, valiéndose de una supuesta red de testaferros que ha movido dinero en entre varios países, según investigaciones de tres instituciones de Estados Unidos.

“Existe una serie de situaciones que aparentan que podrían haber hechos delictivos, la vamos a realizar porque si se está hablando de movimiento de capitales de varios países en forma transnacional y no sabemos qué pasó con esos capitales aquí, si fueron invertidos o qué ha ocurrido”, manifestó el fiscal general, Douglas Meléndez, sobre el caso.

Meléndez agregó que si el viceministro Merino, uno de los políticos más importantes del actual partido de Gobierno, ha cometido algún delito que tenga que ver con lavado de activos “se tiene que investigar, pero en este momento vamos a revisar el contexto de esos reportajes para tomar una decisión”.

Las declaraciones del fiscal hacen referencia a una serie de publicaciones periodísticas realizadas por la revista SÉPTIMO SENTIDO, de LA PRENSA GRÁFICA, en las que se reveló la existencia de una investigación preliminar realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) a las finanzas de José Luis Merino.

Esas indagaciones lograron establecer quiénes son los presuntos prestanombres del viceministro para la Inversión.

Dentro de esa serie de reportajes está una pieza periodística enmarcada en las supuestas negociaciones realizadas por Enrique Rais (prófugo de la justicia), Merino y otros colaboradores para condicionar la concesión del puerto Cortés, en el occidente de Honduras, a una empresa de la terminal de carga general en 2013. Estas negociaciones, de acuerdo con las conversaciones de los involucrados, plasmadas en distintos correos electrónicos que tiene en su poder LA PRENSA GRÁFICA, habrían sido apoyadas por el mandatario hondureño de ese entonces, Porfirio Lobo Sosa.

Ayer, Rais publicó un campo pagado en el sitio digital El Blog donde acusa a su exabogado Mario Calderón de ser el responsable de filtrar esa comunicación a través de correos electrónicos.

“Es parte de la estrategia difamatoria de Mario Calderón, quien fue el responsable de la creación de la empresa legal en Honduras TCA S. A. (Terminal de Contenedores del Atlántico S. A.) para participar en asocio con la tercera empresa más grande del mundo operadora de puertos TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona). Calderón está copiado en todos esos correos”, se lee en el comunicado.

Rais, quien es prófugo de la justicia salvadoreña por un proceso penal en el que se le acusa de manipular el sistema de justicia a su favor, no niega que haya participado de esas negociaciones, que nunca llegaron a concretarse.

Reportaje con eco en sociedad hondureña

El reportaje, en el que se reveló la intención del viceministro Merino y Rais de incidir en la concesión del puerto Cortés, fue retomado por algunos medios del país centroamericano. Uno de ellos fue el noticiero TN5 Telenoticias, uno de los máximos líderes en audiencia de esa nación. En un clip que tiene una duración de un poco más de dos minutos, los reporteros del programa recogieron las reacciones de personas de diferentes sectores de la sociedad hondureña sobre el tema. Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CICIC), remarcó la necesidad de una investigación para aclarar el caso. Según el empresario, “es importante que se mantenga limpia la imagen de las concesiones del país (Honduras) porque son procesos bastante caros, son procesos que llevaron mucho tiempo, mucha negociación y se trata de algo muy delicado”.

Un miembro de la Asociación por una Sociedad más Justa, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, aseguró que debe iniciarse una indagación de oficio de esas negociaciones de parte del Ministerio Público y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una organización perteneciente a la OEA.

Operadora Portuaria del Centroamericana (OPC), la subsidiaria de ICTSI que opera la terminal, publicó un comunicado, que fue retomado por medios como el periódico La Tribuna, donde se deslinda de cualquier negociación ilícita.

Según el documento, “OPC está sujeta a procesos de auditoría continua tanto privados como públicos, obteniendo en todos ellos resultados que respaldan la transparencia en los procesos”.

La negociación en Honduras es solo una de las complejas operaciones que se vinculan con el viceministro salvadoreño Merino.

Uno de las principales figuras que, de acuerdo con las indagaciones en Estados Unidos, tienen nexo con el funcionario de El Salvador es el abogado José Mauricio Cortez Avelar, señalado como uno de los principales prestanombres de Merino.

Cortez Avelar aparece en múltiples registros de empresas con sedes en El Salvador, Panamá y Nevada (Estados Unidos); sin embargo, en los reportes del Ministerio de Hacienda resulta que no posee muchos bienes declarados.

El fiscal general de El Salvador indicó ayer que no es normal que una persona mueva grandes capitales de dinero y que reporte pocos ingresos en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, aclaró que por una transacción de ese tipo tendría que responder el ministro de Hacienda, aunque reconoció que iniciará una revisión del caso para tomar una decisión.
 

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