FGR investiga si pandillas recibieron dinero de GOES

Pandilleros discutieron en 2016 sobre la manera en que recibían dinero en el marco del programa de priorización de 10 municipios del Plan El Salvador Seguro, según escuchas telefónicas de Operación Jaque.
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Foto de LA PRENSA/Ángel Gómez Operación Jaque. El pasado viernes, un tribunal especializado envió a juicio a 76 imputados en Operación Jaque. Aún falta el fallo para “Piwa”, a quien la FGR intervino sus llamadas en la investigación.

El 5 de marzo de 2016, José Alonso Marroquín López, alias “Ave”, y Juan Antonio Martínez Ábrego, alias “Mery Jens”, dos integrantes de la estructura de jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) que estaban en libertad, sostuvieron una llamada telefónica. La conversación de ese día, según escuchas telefónicas agregadas en la investigación de Operación Jaque, era para hablar sobre el dinero que la pandilla estaba recibiendo mensualmente “del esfuerzo de los 10 municipios”.

Según consta en la llamada intervenida por la Fiscalía General de la República (FGR), los pandilleros se refirieron en esa ocasión al proyecto lanzado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén para priorizar la atención en 10 municipios más violentos del país, como parte del Plan El Salvador Seguro (PES).

El fiscal general, Douglas Meléndez, confirmó que a raíz de esa comunicación unidades de la Fiscalía abrieron una nueva investigación para examinar si alguna instancia del Estado transfirió dinero público hacia la MS-13. “La Unidad de Homicidios y Antipandillas está investigando datos sobre eso que ha surgido en esa investigación y en otras investigaciones. En este momento no podría adelantar, lo que creemos es que sí pudiera ser dinero público”, dijo Meléndez a LA PRENSA GRÁFICA.

La llamada del 5 de marzo del año pasado evidencia que el dinero en cuestión era entregado a los pandilleros Marvin Adaly Quintanilla, conocido como “Piwa”; Leonel Alexánder González Leonardo, alias “Cachete” o “Necio”; Pedro Benjamín Rivas Zelaya, alias “Pedro” o “Snaiper”; Jorge Alexánder de la Cruz, alias “Cruger” o “Leonso”; y “Mery Jens”.

“En este momento no podría adelantar. Lo que creemos es que (dinero del que hablan pandilleros) sí pudiera ser dinero público”.
Douglas Meléndez,  fiscal general de la República

El Gobierno hizo pública la intervención en los 10 municipios priorizados a partir de febrero de 2016. Las autoridades aseguraron que canalizarían recursos destinados al PES para coordinar, con las instituciones regionales, la recuperación de territorios. Los municipios incluidos en esta lista fueron: Soyapango, Mejicanos, Ciudad Delgado, Santa Ana, Sonsonate, Colón, San Salvador, Cojutepeque, Zacatecoluca y Jiquilisco. El Gobierno ha asegurado que disminuyeron los crímenes en esos municipales.

Los pandilleros hicieron referencia, en conversaciones captadas por la Fiscalía, a “cuatro pesos” que les eran entregados, lo cual fue interpretado por los investigadores como que recibieron $400 mensuales.

Los investigados también se refieren al dinero recibido como “lo de la gas”, y en las llamadas consta que realizaron una serie de coordinaciones cada mes para que ese dinero estuviera al servicio del grupo de líderes recluidos, al que llaman “ranfla”.

Foto de LA PRENSA/Ángel Gómez Prestanombres. Mujeres fueron enviadas a juicio acusadas de tener negocios para las pandillas.

El 1.º de febrero de 2016, Dany Balmore Romero García, alias “Dany”, se comunicó con “Piwa”. En la conversación “Dany” revela que el dinero del esfuerzo de los 10 municipios era entregado a las “tres fracciones”. Los pandilleros, sin embargo, nunca revelan quién es el intermediario que les hizo llegar esos fondos, únicamente se refieren a esta persona como “el maitro” o “los de siempre”.

Estas conversaciones constan en el mismo expediente donde constan las llamadas que evidencian un acercamiento entre el Gobierno y las pandillas en enero de 2016. El actual Gabinete de Seguridad ha negado que exista cualquier tipo de acercamiento. Prueba de ello, según su descargo a lo que contienen las escuchas, es el enfoque represivo contra las pandillas desde que implementaron las medidas extraordinarias en los principales penales del país.

El Tribunal Especializado de Instrucción A admitió esas escuchas telefónicas el pasado viernes. Las conversaciones servirán como prueba contra 117 acusados que fueron enviados a juicio.

 

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