FGR no ha solicitado datos bancarios de expresidente Flores

Juzgado solicitó a Fiscalía pedir información en el extranjero.
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Lento.  El caso contra el expresidente Francisco Flores inició en 2014. Aún se practican diligencias.

Lento. El caso contra el expresidente Francisco Flores inició en 2014. Aún se practican diligencias.

FGR no ha solicitado datos bancarios de expresidente Flores

FGR no ha solicitado datos bancarios de expresidente Flores

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El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, que procesa al expresidente de la República Francisco Flores (1999-2004), consideró ayer que la Fiscalía General de la República (FGR) ha cometido “desacato” al no cumplir una orden judicial emitida dentro del caso contra el exfuncionario acusado de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.

La unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) envió un comunicado de prensa en el que se explica que el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, encomendó a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR pedir a todos los países que conforman el organismo antilavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que informaran si Flores había tenido “cuentas bancarias cifradas” en esos países.

El CJIM añade que las únicas respuestas brindadas al respecto por la Fiscalía, enviadas con los fiscales del caso Flores en sendos escritos, fueron advertencias al juez García de que estaba invadiendo funciones que no eran de su competencia.

El boletín añade que en uno de los escritos la FGR advierte literalmente que “es imposible acatar dicha orden debido a la complejidad de países integrantes de GAFI”.

La documentación fue solicitada por el juez García el pasado 8 de abril. La información de cuentas cifradas implica, según el CJIM, aquellas que no están a nombre particular de la persona, sino bajo código, mecanismo que es utilizado para evitar la vinculación del propietario.

El expresidente Flores está acusado de un desvío millonario de fondos proveniente de la cooperación taiwanesa, entre los años 2003 y 2004, que estaban destinados a proyectos sociales.

Casi desde el inicio del caso, los acusadores particulares (querella) han señalado a la FGR de lentitud en las diligencias judiciales y falta de interés en el caso. Los querellantes, incluso, han solicitado al juzgado que se tramite la separación del fiscal general, Luis Martínez, del caso.

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