FGR no podrá usar audios en juicio por tregua de pandillas

El lunes inicia el juicio en contra de 18 imputados que, según FGR, beneficiaron a la pandillas a cambio de reducir homicidios. La vista pública puede durar una semana por la cantidad de pruebas del caso.
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El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador decidió, por segunda ocasión, no incorporar como prueba una serie de audios que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba añadir al proceso judicial en contra de los 18 imputados vinculados a la tregua entre pandillas.

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El 31 de mayo de este año, el tribunal resolvió no admitir los audios incorporados en una USB, porque durante la audiencia preliminar la Fiscalía tuvo dificultades para reproducirlos. Por ello, la jueza decidió desecharlos como prueba. Los fiscales del caso, sin embargo, interpusieron un recurso de revocatoria para que la funcionaria cambiara de opinión.

“La representación fiscal considera que existe errónea valoración de parte de su autoridad a efecto de dilucidar de forma legal y correcta la designación de la prueba admitida (...) Venimos a interponer el recurso de revocatoria”, se pronunció la FGR, según se lee en el documento de la resolución del juzgado.

Sin embargo, la jueza mantuvo su decisión de no incorporar los audios porque resolvió que “no fue posible su exposición por no ser claros al reproducirlos. En ese sentido el resto de archivos no se admite”.

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Otro de los argumentos del tribunal especializado fue que la FGR interpuso el recurso tarde. “La representación fiscal interpuso el recurso el 22 de junio de 2017, es decir de forma extemporánea, el cual debió ser interpuesto de forma oral el día de la audiencia preliminar”, escribió la jueza.

Los audios y video que no pudo reproducir la FGR en la audiencia preliminar son de algunos imputados reunidos con las pandillas. Pero el juzgado admitió como prueba el informe pericial de una computadora portátil y ocho CD que fueron incautados en una vivienda ubicada en Mejicanos, San Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) allanó esa casa por las diligencias de investigación en contra de Raúl Mijango, principal mediador de la tregua.

La jueza resolvió que es conveniente que los imputados pasen a la etapa de juicio porque la representación fiscal presentó suficientes pruebas que demuestran la participación en delitos cometidos entre 2012 y 2013.

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Por anterior, el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador tiene previsto iniciar el lunes el juicio contra Mijango y 17 imputados más, acusados de negociar con las dos principales pandillas del país a cambio de la reducción de homicidios.

El tribunal de Sentencia hizo una audiencia especial para depurar prueba, en la cual la defensa decidió no llamar a testificar al expresidente de la república Mauricio Funes, y el actual vicepresidente, Óscar Ortiz. Carlos Meléndez, defensa de Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales, y de Roberto Castillo Díaz, subinspector de la Policía, dijo que consideró ya no contar con la declaración de ellos porque es suficiente con el testimonio del ministro de Defensa, David Munguía Payés, que evidencia que la negociación fue una política de Estado. La defensa también requería que declarara el alcalde arenero de Ilopango, Salvador Ruano, pero él falleció el pasado 28 de julio a causa de un paro cardíaco.

La FGR contará con 25 testigos. En esa audiencia decidió no incluir el testimonio de cuatro testigos porque, a su juicio, no van a declarar nada nuevo. “Ya no declarará un testigo con régimen de protección que laboraba en Centros Penales, porque hay otros testigos que, para no estar escuchando lo mismo, hemos decidido prescindir de esos testigos”, explicó uno de los fiscales del caso en su momento.

Pero el ministerio público aún mantendrá a Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias “Nalo de las Palmas”, quien es uno de los criteriados que les contó cómo ocurrió todo durante la tregua.

El Juzgado Especializado de Sentencia A tiene previsto que el juicio dure una semana por la abundante prueba testimonial y documental que fue admitida. En esta última fase del proceso judicial, el que juez que conocerá el caso determinará si condena a los imputados o los absuelve de los delitos.
 

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