FGR ofrece beneficios a quien delate a ideólogos de la tregua

El fiscal general llamó “cochinada institucional” a la tregua entre pandillas. En cambio, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, defendió y se jactó del proceso. También criticó el uso que la fiscalía ha hecho de los testigos en el caso judicializado.
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Douglas Meléndez, fiscal general, señaló ayer que la tregua de pandillas durante el gobierno de Mauricio Funes fue una “cochinada institucional”. Según él, hasta la fecha no han podido incriminar al expresidente Funes ni al exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés, debido a que en el momento en que se oficializó el pacto entre las pandillas rivales no existía una figura delictiva para esos hechos.

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“La tregua, si bien no era delito, fue una cochinada institucional; no debieron haber hecho eso . La tregua fue contra la población, permitió que la población fuera dañada, permitió que las pandillas fueran potenciadas”, dijo el funcionario.

Meléndez enfatizó que han ofrecido criterios de oportunidad (beneficios judiciales) para que personas involucradas incriminen a quienes le dieron las órdenes. La fiscalía, recordó, tendrá la posibilidad de interrogar a Payés, actual ministro de la Defensa, en el juicio del caso, luego de que uno de los imputados lo ofreció como testigo.

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Munguía respondió ayer mismo al calificativo que minutos antes había dicho Meléndez: “No sé por qué dice el fiscal que la tregua es una cochinada. Que lo vaya a decir a la OEA, al seno del Consejo de Seguridad donde estuvimos presentes y donde la OEA se comprometió a acompañar este proceso. Que vaya a decir a la OEA que la tregua fue una cochinada”, declaró el funcionario.

Solo hay mandos medios procesados por ilícitos durante la tregua; entre ellos, el actual director de Centros Penales, Rodil Hernández, el exdirector Nelson Rauda y exdirectores de diferentes reclusorios.

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Munguía Payés volvió a rechazar su vinculación con los ilícitos, como tráfico de objetos prohibidos, que ocurrieron en los penales durante la tregua: “Yo era ministro y fui a la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿No vino aquí el embajador Insulza? Eso no se puede esconder”, dijo para intentar justificar el desarrollo de la tregua cuando él estuvo al frente de Seguridad. Lo hizo acuerpado por el alto mando del Ejército, tras presenciar desde la tarima principal el acto que el partido de gobierno montó para celebrar el tercer año de gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

“Dentro de nuestra administración se dio ese proceso exitoso que fue ejemplo en todo el hemisferio occidental. Además, tanto la fiscalía como la jueza donde se ventiló el caso dijeron que el proceso en sí no constituye un delito”, agregó el general.

El militar, además, negó que haya removido a un director de un penal por cuestionar las acciones relacionadas con la tregua, como la entrada de los mediadores sin controles ni registros, tal como lo asegura un testigo criteriado (con beneficios judiciales a cambio de su declaración). “¿Quiénes son esos testigos crieriados? Como 20 pandilleros que están viendo cómo salvan su pellejo y van a involucrar a cualquiera; pero tener pruebas es otra cosa”, dijo.

El ministro también negó que fondos de las tiendas institucionales de Centros Penales sirvieron para pagar a los operadores de la tregua. Munguía Payés tildó de “soberana mentira” que de las tiendas se hayan desviado millones de dólares para sostener la tregua, tal como lo asegura la fiscalía en el proceso penal del caso. “Eso no costó nada”, señaló el militar.

Con el argumento de que un subdirector de Penales no administra dinero de las tiendas, Munguía desvinculó de algún ilícito al director de Centros Penales, Rodil Hernández, acusado de malversación de fondos. “No sé por qué vinculan a Rodil con la tregua. Era subdirector, y quien administra las tiendas es el director”, dijo el ministro, y rechazó la idea de que las pandillas “nacieron” en su administración.

El fiscal anunció, además, que presentará recursos de apelación por los sobreseimientos otorgados por el Juzgado Especializado de Instrucción A a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) involucrados en el caso.
 

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