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FGR omite delito de estupro en caso de clientes de trata

La representación fiscal solicitó reserva total del caso y la detención con instrucción de los cuatro imputados. El requerimiento se basa en el testimonio de una de las víctimas de la red de trata.
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La fiscal del caso de los presuntos clientes de la red de trata de menores aseguró ayer que los hechos tal como los ha conocido la Fiscalía General de la República (FGR) no se adecúan al delito de estupro, y por ello mantienen la acusación a los imputados bajo la figura de remuneración a menores por actos eróticos.

Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”, Ernesto Regalado, Salvador García y Luis Marroquín fueron acusados ayer por la Fiscalía ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, de presuntamente haber pagado por tener sexo con menores de edad.

“No se consideró el estupro porque los hechos tal como se han realizado se han tipificado tal cual estipula la ley, hemos adecuado las edades de las víctimas y los hechos, y es la tipificación tal cual lo dice el código... Como Fiscalía no (pretendemos incluir el delito de estupro). Estamos en la investigación donde podrían salir otras víctimas y si los rangos de edades se adecúan, entonces sí, pero de momento no”, dijo la representante fiscal.

El Código Penal salvadoreño señala en el artículo 163 que el estupro se puede considerar cuando “se tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de 15 años y menor de 18 años de edad”, delito que es sancionado con prisión de cuatro a 10 años, a diferencia de la figura de remuneración a menores por actos sexuales por el que se estipula una pena máxima de ocho años de cárcel.

La legalidad salvadoreña estipula en el artículo 164 que existe un agravante en los casos de estupro cuando el acto se haga “prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación”. El artículo estipula una pena de hasta 12 años de prisión para ese delito.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) emitió ayer un pronunciamiento público en el que recordó a la Fiscalía: “Toda relación sexual sostenida entre una persona adulta y una persona menor de 18 años de edad constituye delito, se realice con o sin el consentimiento de esta última, quien adquiere la calidad de víctima por encontrarse en condiciones de desigualdad por su edad”.

La fiscal anunció que aunque mantienen la negativa de incluir el delito de estupro, sí consideraron acusar a Salvador García de violación de menor incapaz en 2008 y 2009. Esto debido a que pueden probar que el imputado tuvo relaciones sexuales con una menor de 15 años, tal como lo dice el Código Penal en su artículo 159 “aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir... (o) mediante engaño”.

La delegada de la Unidad Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía afirmó que actualmente se encuentran investigando la existencia de más clientes de servicios sexuales proveídos por la red de tratantes de menores de edad.

En el pronunciamiento del CONNA también hacen un llamado a la Fiscalía a “profundizar la investigación de los hechos deduciendo responsabilidades de todas las personas que han participado en el cometimiento de trata y explotación”.

La activista feminista Ima Rocío Guirola se presentó ayer en la notificación de delitos de los cuatro acusados, y aseguró que varias organizaciones feministas están interesadas en conformar querella (acusación particular) en el caso, para velar para que se cumpla la normativa jurídica de acuerdo con los delitos acusados; además de velar por la protección de las víctimas que decidan declarar.

Piden reserva

La fiscal del caso anunció que como parte demandante han solicitado la reserva total del caso en función de proteger el testimonio de la víctima, que ya cuenta con un régimen de protección especial.

La Fiscalía también ha solicitado la detención provisional de los cuatro imputados durante la etapa de instrucción (ampliación de la investigación).

Según la investigadora, de momento el requerimiento presentado se basa en el testimonio de una de las víctimas, que han reforzado con algunos peritajes periféricos.

En el caso, los cuatro imputados están siendo señalados por ser clientes de una red de trata de menores, cuyos miembros fueron condenados a finales de 2015 del delito de trata de personas.

“Esta investigación nació a raíz de una desarticulación que realizamos de una estructura de trata de personas, se inició la investigación y la búsqueda de esta víctima, ellos fueron condenados”, explicó la fiscal del caso.

El abogado representante de González, Carlos Daniel Ayala, afirmó que su cliente solo ha sido señalado –de momento– por un hecho en específico, del cual considera tiene todos los insumos legales para mostrarse inocente.

En 2014, la Fiscalía presentó a 11 personas que conformaban una estructura que se dedicaba a ofrecer trabajo de “edecanes y modelos” a menores de edad, que luego eran explotadas sexualmente.

En aquel momento la Fiscalía centró su atención en los miembros de la red y no en los clientes. Según esa investigación, Daniel Armando Pérez era el líder de la estructura que entregaba a las víctimas en centros comerciales por diferentes precios que variaban dependiendo de la edad de las menores y los servicios sexuales pedidos por los clientes.

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