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FGR pide amparo a sala por casos de corrupción

La FGR pide a magistrados que anulen criterio de la Sala de lo Civil que sentenció que solo se puede procesar por enriquecimiento ilícito a funcionarios que hayan tenido la posibilidad de extraer fondos públicos.
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Exonerado. La Sala de lo Civil integrada por suplentes emitió una resolución a favor de Cardoza y su esposa.

Exonerado. La Sala de lo Civil integrada por suplentes emitió una resolución a favor de Cardoza y su esposa.

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La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Sala de lo Constitucional que anule el criterio establecido por la Sala de lo Civil con el que se liberó de responsabilidad por enriquecimiento ilícito al diputado del PCN Reynaldo López Cardoza y a su esposa, Alma Yaneth de López.

En marzo del año pasado, la Cámara Segunda de lo Civil ordenó que la esposa del exdiputado devolviera al Estado $78,000 y liberó a López Cardoza de responsabilidad civil. Inicialmente el caso fue enviado a juicio por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que el diputado no pudo justificar el origen lícito de $1.5 millones, obtenidos entre 2009 y 2015, cuando fue diputado.

El caso llegó en apelación hasta la Sala de lo Civil, instancia que, integrada por magistrados suplentes, resolvió que la demanda inicial con la que la Fiscalía judicializó el caso era improponible porque López Cardoza nunca tuvo una función pública que le permitiera apropiarse de dinero de las arcas del Estado. En la sentencia, los magistrados decidieron liberar los inmuebles de Cardoza, los cuales siguen congelados por un caso en Extinción de Dominio.

“(La Sala de lo Civil) ha reescrito la formulación literal de las disposiciones forzando su contenido a que únicamente resultan aplicables a los funcionarios y empleados públicos que administren fondos de la Hacienda Pública... Por lo que vulnera el derecho del Estado y la sociedad a obtener justicia en los casos de enriquecimiento ilícito sustanciados en contra de funcionarios que no administren o manejen fondos públicos, quedando los mismos en impunidad”, señaló el fiscal general, Douglas Meléndez, en el amparo presentado el pasado 5 de julio.

Propiedades. La FGR ha logrado inmovilizar las propiedades de Cardoza por la vía de extinción de dominio.

El amparo es contra la decisión tomada por los suplentes Carlos Ernesto Sánchez Escobar, David Omar Molina Zepeda y José Manuel Bolaños Sandoval. Tanto Sánchez como Molina son candidatos a magistrados de la Sala de lo Constitucional.

El fiscal general pidió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que acepten el amparo y que emitan una medida cautelar que anule el criterio de la Sala de lo Civil para que no peligren los casos por enriquecimiento ilícito que están abiertos en distintas cámaras, entre estos el del ex fiscal general Luis Martínez, el expresidente de la república Elías Antonio Saca, el expresidente de la Corte Agustín García Calderón y el exdiputado Douglas Avilés.

La Fiscalía sostiene en su demanda que la decisión de la Sala de lo Civil atenta contra derechos constitucionales de la sociedad, y se tomó sin seguir los procedimientos legales para interpretar el artículo 240 de la Constitución, que ordena juicio civil contra funcionarios que no puedan justificar su patrimonio ante la Sección de Probidad. Además, Meléndez señala que el criterio de improponibilidad de la demanda se fijó sin que este fuera alegado por ninguna de las partes.

El fiscal general pide que para corregir el criterio de la Sala de lo Civil se tome en cuenta lo establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que se pide que los funcionarios deben rendir cuentas de actividades ilícitas ajenas a los cargos en las que participan.

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