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FGR pide cambios en Código Penal y que no prescriban delitos por corrupción

Iniciativa promovida por el Ejecutivo es la misma que hace dos años planteó la oposición y que, también ayer, el oficialismo envió a archivo junto a más de 200 expedientes de la comisión de legislación.

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Iniciativa. La reforma solicitada abre la puerta para investigar delitos ya prescritos.

Iniciativa. La reforma solicitada abre la puerta para investigar delitos ya prescritos.

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A tres meses de ordenar a la Asamblea que aprobara una ley para dejar impunes posibles casos de corrupción en manejo de fondos por la pandemia, y en espera de que le sean aprobadas también reformas para mutilar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el órgano Ejecutivo solicitó ayer al legislativo que apruebe una reforma al código procesal penal para que los delitos de corrupción no prescriban, y que la misma pueda aplicarse con carácter retroactivo.

La iniciativa fue presentada por el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, quien explicó que la reforma consiste en modificar el artículo 32 del Código Procesal Penal, para agregar un inciso e indicar que no prescriban los delitos establecidos en el Libro II, Título XVI, capítulo II y III del Código Penal.

Entre los delitos incluidos en dichos capítulos están el peculado, el cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Asimismo, Villatoro indicó que la medida tendrá carácter retroactivo, por lo que permitiría investigar a anteriores administraciones gubernamentales. "Independientemente de los años que hayan pasado, esto va a aplicar también hacia atrás", mencionó.

A primera hora, legisladores valoraron el choque que supondría el carácter retroactivo de cualquier normativa, tomando en cuenta que la Constitución de la República establece que ninguna ley podrá tener dicha aplicación.

"De acuerdo a la Constitución, las leyes pueden ser retroactivas únicamente cuando estas sean de orden público y en materia penal pero únicamente cuando favorezcan a la persona imputada", explicó Rodrigo Ávila, diputado de ARENA.

Precisamente ese carácter de "orden público" está incluido en el artículo dos, de los tres que forman parte de la iniciativa presentada por el ejecutivo, que declara la reforma de dicho tipo y que, por tanto, debe aplicarse de forma retroactiva.

Sin embargo, el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) dijo dudar de las intenciones del gobierno, tomando en cuenta sus antecedentes para generar impunidad en su gestión.

"Lo que podemos ver son los antecedentes en cuanto a lucha contra la corrupción: eliminar a la CICIES, imponer a una fiscal general, eliminar a la Sala de lo Constitucional, la Ley Alabí, las reservas de información en manejo de pandemia. Y no podemos olvidar la Lista Engel, que el gobierno hizo caso omiso. Los antecedentes dan razón para dudar" , señaló.

Asimismo, también se destaca el hecho que la iniciativa presentada por el ministro tiene la misma esencia que la presentada en 2019 por los legisladores Leonardo Bonilla y Milena Mayorga, quienes también pidieron reformar el artículo 32 del código procesal penal para que los delitos de corrupción no prescribieran.

Dicha iniciativa entró a la comisión de legislación en junio de 2019 pero no logró avanzar y se quedó entre los expedientes en estudio, bajo el número 902-5-2019-1. La única diferencia entre ambas propuestas es que la presentada ayer incluía el carácter de retroactivo.

De hecho, la propuesta de 2019 fue uno de los documentos heredados por la nueva legislatura, en mayo pasado. Sin embargo, en lugar de retomarlo y hacerle las modificaciones respectivas para adecuarlo a lo que el oficialismo pretende, la Asamblea optó por enviarlo a archivo, cuando el plen conoció ayer el dictamen para que la comisión de legislación enviara a archivo más de 200 expedientes por considerar que habían perdido actualidad y eran obsoletos.

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