FGR pide juicio para jueces por beneficiar a sus hijos en procesos

La Fiscalía solicitó a la CSJ el desafuero de seis jueces en todo el país; en dos de los casos por favorecer a sus hijos. En otro caso por favorecer a imputados o por revelar información de un testigo.
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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer seis solicitudes de antejuicio contra jueces de la zona oriental y occidental del país para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les retire los privilegios de funcionarios para que puedan ser procesados.

Dos de esas seis personas, según la FGR, beneficiaron a sus hijos en procesos penales. Para sustentar la acusación, la Fiscalía intervino las llamadas telefónicas de René Danilo Ramírez Montoya, juez Primero de Paz de Metapán; y Joaquín Francisco Molina Linares, juez Primero de Instrucción de Atiquizaya.

Will Ruiz, jefe de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, explicó que ambos jueces ayudaron a sus hijos a ganaran procesos penales que conocieron los dos juzgados. “Silas Peraza Calderón junto al hijo del juez Danilo Ramírez Montoya convencían a los clientes de que iban a solventar la situación jurídica de los imputados en razón de que el papá de Ramírez era juez. Ayer (jueves) se detuvieron a los hijos y ahora a los papás porque es la misma forma de operar. Los hijos se aprovechaban de la calidad de sus papás”, explicó el jefe fiscal.

La FGR también acusa al juez Miguel Ángel Barrientos, del Primero de Paz de Santa Ana, porque guió a abogados en procesos. Barrientos, Ramírez y Molina son acusados por el delito de prevaricato. Según la legislación salvadoreña, este delito consiste en que funcionarios resuelvan contrario a lo que la ley establece por razones personales o económicas.

El jefe fiscal de oriente, Germán Arriaza, solicitó el desafuero para Rosa Imelda Meza de González, jueza de Sentencia de La Unión, quien, según la FGR, condenó a 14 años a un hombre por un delito sexual, pero no ordenó detenerlo. La FGR pide el desafuero del juez de Sentencia de Usulután, Hugo Noé García, quien condenó a 20 años de prisión a dos hombres por homicidio agravado, sin embargo, cuando elaboró la sentencia cambió la calificación del delito a un imputado.

La Fiscalía también busca que la Corte le quite los privilegios a la jueza de Instrucción de San Miguel, Basilia Portillo, quien quitó la protección a un testigo clave en el caso Conexiones, y reveló su información personal en el juicio.

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