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FGR reabre primer caso de crimen de guerra

El fiscal general confirmó la entrega de un escrito a un tribunal para que se reabra el caso del asesinato de Herbert Anaya Sanabria.
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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la semana pasada un escrito ante una sede judicial en el cual solicitó que se reabra el caso del homicidio de Herbert Anaya Sanabria, quien fue asesinado en 1987, cuando era coordinador general de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES-NG). Anaya fue atacado en su residencia en la colonia Zacamil en Mejicanos, San Salvador, en el marco del conflicto armado.

Familiares y amigos de Anaya solicitaron al Juzgado de Instrucción de Mejicanos que se reabriera el caso en noviembre del año pasado, pues aseguraron que el primer caso se llevó de manera errónea al juzgar a la persona equivocada.

“También hemos dicho que cualquier interesado puede acudir a la Fiscalía para ampliar la investigación contra otros partícipes materiales o intelectuales de esa muerte”, dijo el fiscal general.

Según Meléndez, la persona imputada inicialmente en el caso deberá volver a juicio, mientras la fiscalía añade elementos a la investigación.

El informe de la Comisión de la Verdad consigna que el 23 de septiembre de 1987, dos meses después del asesinato de Anaya Sanabria, fue capturado el miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Jorge Alberto Miranda Arévalo, quien presuntamente fue presionado psicológicamente y recibió un pago de 12,000 colones por parte del Gobierno, antes de declararse culpable de participar como vigilante en el asesinato de Anaya.

Miranda fue puesto a disposición del juez Primero de lo Penal de San Salvador y aceptó ser culpable, el día que recibió el pago del Gobierno. Sin embargo, luego de un mes se retractó.

En abril de 1990 el juez ordenó sobreseer a Miranda, medida que fue revocada por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.

En octubre de 1991 un jurado de cinco personas declaró culpable a Miranda por asesinato y actos de terrorismo.

En marzo de 1992 la Ley de Reconciliación Nacional fue aplicada a favor de Miranda por el delito de actos de terrorismo y asociaciones subversivas, pero no se le aplicó por el asesinato, por lo que fue condenado a 30 años de prisión.

“También se aplicaron sanciones civiles, como la indemnización de 20,000 colones a Mirna Perla, la viuda de Anaya, y la pérdida correspondiente de varios derechos políticos y civiles. El juez pretendió dejar, con respecto al asesinato de Anaya, la decisión final de aplicar o no la Ley de Amnistía a la Comisión de la Verdad”, se lee en el informe titulado “De la locura a la esperanza”.

La Comisión de la Verdad concluyó tres cosas del caso: que el Estado no contó con el tiempo suficiente para solucionar la disyuntiva sobre si Anaya fue asesinado por algún escuadrón de la muerte por el ERP; que el trato de la Policía y el proceso judicial de Miranda violó sus derechos elementales, y que el Estado falló en su deber de investigar debidamente el caso de Hebert Anaya.
 

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