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FGR y querella piden que Flores sea enviado a juicio

FGR y querella particular coincidieron al solicitar una responsabilidad civil por $15 millones. Defensa asegura que no hay pruebas de que Flores haya recibido los cheques.
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El expresidente de la República Francisco Flores (1999-2004) no habló públicamente ayer durante más de ocho horas, hasta que tuvo que hacer una petición: que se suspendiera la audiencia preliminar en su contra momentáneamente para ser auscultado por su médico de cabecera. Fue la única vez que tomó el micrófono para hablar en una audiencia que fue suspendida poco antes de las 9 de la noche por el juez Miguel Ángel García para reanudarla hoy.

Antes de él, los miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) y acusadores particulares (querella) utilizaron varias horas para plantear su acusación contra Flores, aunque no bajo los mismos presupuestos, ni con la misma oferta de evidencias, en la audiencia preliminar contra el exfuncionario, en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.

En concreto, la Fiscalía asegura que Flores se benefició personalmente con $5 millones provenientes de donaciones de la cooperación de Taiwán, recibidos en 2003; y que “los otros $10 millones pasaron al partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA”, planteó Julio Zamora, uno de los fiscales del caso.

La FGR se mantuvo firme en la acusación por tres delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares.

La querella, en cambio, solicitó que Flores sea procesado por lavado de dinero. La interpretación de una de las abogadas querellantes, Bertha De León, es que al llegar el dinero a cuentas bancarias en El Salvador y ser posteriormente trasladado a otras cuentas, se configura el delito de lavado, ya que los fondos fueron originados por un delito: peculado.

Los fiscales reiteraron que los $10 millones obtenidos a través de cuatro cheques llegaron a Costa Rica y luego fueron transferidos a la cuenta denominada “Cuenta especial COENA”; y luego, desagregada en otras bajo nombre “ARENA casa por casa”, “ARENA territorial” y otras que supuestamente formaban parte de los fondos usados en la campaña presidencial de 2004.

Originalmente, los fondos estaban destinados a cinco proyectos sociales que no se ejecutaron. “No fueron a dar esos fondos a las personas, si no a cuentas del partido ARENA”, dijo el fiscal Zamora y enumeró que algunos de esos proyectos eran: $4 millones para mitigación de zonas de alto riesgo de desastres, $1 millón para combate a la pobreza, y otros.

Édgar Morales Joya, uno de los defensores de Flores, manifestó por su parte que no se han presentado cheques originales; y que los informes de Taiwán anexados al proceso no certifican que hayan sido entregados a su cliente.

“No hay testigos que digan ‘yo vi que le entregaron los cheques’”, dijo Morales Joya.

Además, Morales Joya se refirió a que existe “indeterminación” de los delitos por los que se acusa al expresidente.

No obstante, entre las pruebas que la FGR ofreció están las actas y los informes de las dos entrevistas de Flores ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que indagó el caso, en enero de 2014, y pidió al juez Séptimo de Instrucción, Miguel García, que solicitara los videos al congreso.

La estrategia del defensor es que la Fiscalía no ha comprobado que Flores haya recibido cheques, ni que él haya utilizado esos fondos. “No estamos ante la presencia de una confesión”, dijo Morales Joya. Horas antes, en la mañana, los fiscales del caso plantearon lo contrario: que Flores declaró “hechos constitutivos de delito” ante la Asamblea.

Uno de los pocos puntos de coincidencia entre los querellantes y la FGR fue en solicitar una responsabilidad civil por $15 millones y que Flores sea enviado a juicio. Pero, mientras la FGR pidió que se mantenga en arresto domiciliar, la querella planteó que guarde prisión provisional.

Las discordancias que fueron públicas durante la etapa de investigación del caso asomaron nuevamente ayer durante la audiencia: los fiscales aseguraron que nunca existió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) entre los documentos, sino un informe de inteligencia financiera de un banco estadounidense. Los querellantes sostuvieron que tal información nunca fue agregada por la FGR. De hecho, los querellantes manifestaron que la Fiscalía incurrió en omisión de la investigación por el delito de lavado de dinero.

Por otra parte, la FGR sostuvo ayer en audiencia que el inicio de la investigación surgió a raíz de “múltiples denuncias ciudadanas” contra Flores, en enero de 2014, pero ello no concuerda con lo que el mismo fiscal general, Luis Martínez, expresó en diciembre de 2013: que se investigaba a Flores y la supuesta filtración pública del ROS, que había sido enviado desde meses antes a la FGR.

Los defensores de Flores argumentaron que no existía delito alguno y pidieron el sobreseimiento definitivo por los tres. Además, plantearon que no podían existir querellantes en el caso debido a que estos abogados no tenían un poder especial para ejercer como tales. La audiencia sigue hoy.

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