FISCALÍA busca penalizar tráfico de armas

Fiscal dijo que también busca se castigue con prisión a los que impidan la libre circulación a las personas. Propone reformar Ley contra Terrorismo porque no está apegada a realidad salvadoreña.
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Tráfico.  En el país no existe el delito de tráfico de armas, solo el de comercio, por eso la FGR propone una reforma.

Tráfico. En el país no existe el delito de tráfico de armas, solo el de comercio, por eso la FGR propone una reforma.

FISCALÍA busca penalizar tráfico  de armas

FISCALÍA busca penalizar tráfico de armas

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En El Salvador no existe castigo penal por tráfico de armas, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene conocimiento de que en el país se trafican armas, incluso desde instituciones del Estado. Esa es la razón por la que el fiscal general Douglas Meléndez, según explicó ayer, presentará hoy un pliego de propuestas de reformas penales ante la Asamblea Legislativa para incluir ese delito y otros que no están contemplados en la legislación salvadoreña, además de una serie de reformas relacionadas a la protección ciudadana y al endurecimiento de penas en delitos que actualmente tienen condenas cortas.

“Mañana (hoy) vamos a ir a la Asamblea Legislativa a presentar una propuesta de reformas penales que estén de acuerdo a la realidad y contexto salvadoreño, entre esas está la reforma para incluir el delito de tráfico de armas, porque aquí solo se procesa por comercio y no por tráfico, y tenemos información de que aquí andan comerciando con armas desde la institucionalidad”, declaró el funcionario.

Meléndez explicó que, según las investigaciones, aproximadamente el 90 % de los crímenes se cometen con armas de fuego, y que las armas siguen llegando al país y se siguen traficando sin que haya una regulación en la legislación que permita procesar a las personas que cometen el tráfico.

“Insisto en que tenemos información de que desde la institucionalidad se comercia con armas y eso no puede ser; por eso es que en el país se necesita una reforma, porque El Salvador es de los pocos países que se han quedado con el delito de comercio de armas y no ha incluido en su legislación el delito de tráfico de armas”, dijo el fiscal.

En el país ya se ha procesado judicialmente por comercio de armas de guerra hasta a militares. Uno de esos casos es el de José Arístides Figueroa, teniente y exasesor jurídico de la Dirección de Logística de la Fuerza Armada (FAES), quien fue condenado a siete años de prisión en 2014. Figueroa vendía fusiles AR15 por $6,000 y Ak47 por $5,000.

Actualmente el comercio ilegal de armas tiene una pena máxima de 15 años de prisión.

El fiscal general también explicó ayer que otra de las reformas que solicitará a la Asamblea Legislativa es la inclusión de un castigo a quienes amenacen o intimiden a las demás personas para no circular o permanecer libremente en algún lugar. La pena con prisión por cometer este delito podría ser hasta de diez años.

“No es posible que algunos estén limitando la libertad de circulación a otras personas, por eso es necesario incluir una pena para este tipo de acciones delictivas, que en su mayoría son cometidas por pandilleros”, dijo el fiscal Meléndez.

Otra de las reformas que la Fiscalía pedirá es el endurecimiento de penas para delitos como homicidio simple, allanamiento de morada y hurto de energía eléctrica y otros servicios en casas usurpadas.

“Lo que buscamos es que las personas que ocupan ilegalmente las casas las desocupen, pero que también tengan una pena por usurpar esas casas, esto por supuesto es dirigido a aquellas personas que usurpan las casas con fines delictivos”, explicó el fiscal.

El jefe del Ministerio Público detalló que la propuesta contiene quince nuevos delitos, diez reformas al Código Penal que pretenden incrementar las penas para algunos delitos y otras ocho reformas a procedimientos de investigación, en materia procesal penal, penal juvenil, extinción de dominio y Ley contra Actos de Terrorismo (LECAT).

Sobre la LECAT, el fiscal reiteró que urge una reforma porque no fue creada apegada al contexto salvadoreño y a la actividad delictiva de las pandillas.

“La Ley contra Actos de Terrorismo habla de aviones y barcos que son usados por los terroristas, como ya lo hemos señalado anteriormente, pero ese tipo de actividades o medios de transporte para cometer ataques no son utilizados por las pandillas”, dijo el fiscal Meléndez.

Estas propuestas de reformas penales, según dijo el titular de la FGR, son para acompañar el trabajo del Ejecutivo en el tema de seguridad y para garantizar las medidas excepcionales que se están implementando.

“El primero que comenzó a hablar de que en el país se deben tener medidas extraordinarias fue este servidor, y lo digo con humildad, y por eso es que también estamos haciendo la propuesta de reformas penales”, dijo.

Más traslado de reos

Como parte de la primera medida excepcional aprobada por la Asamblea Legislativa, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que la Dirección de Centros Penales continuará trasladando reos para reacomodar a los más de 33,000 internos .

De acuerdo con el ministro, los 299 cabecillas de pandillas que fueron trasladados al penal de Quezaltepeque y otros internos más, con los que suman 342, serán trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca en los próximos días. “Vamos a trasladar a las cabezas de pandillas que llevamos al penal de Quezaltepeque, los vamos a trasladar al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca; pero primero tenemos que hacer un estudio para determinar quiénes son los internos que tienen enfermedades crónicas o ya están en la tercera edad y sacarlos del ese penal de máxima seguridad para que dejen espacios para las cabezas de pandillas que tenemos en el penal de Quezaltepeque”, explicó el ministro.

Ramírez Landaverde afirmó, además, que no todos los privados de libertad que están en el penal de máxima seguridad son pandilleros y que también serán trasladados a otros centros penales para dejar espacios para cabecillas de pandillas.

El ministro también dijo que con el reacomodo de internos, se comenzará a trasladar de las bartolinas policiales a los reos, con el fin de enviar más policías a tareas de seguridad y no solo a cuidar bartolinas.

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