FUNDE respalda a FGR ante presiones por casos Probidad

Animó a los funcionarios a cumplir con sus atribuciones para el combate a la corrupción.
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La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) considera inaceptable que existan presiones o amenazas a la Fiscalía General de la República (FGR) por casos de Probidad, tal como lo denunció el pasado jueves el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.

“De personas o de grupos que pretendan impedir u obstaculizar la persecución penal del delito de corrupción, así como poner en duda la necesaria independencia y autonomía de las instituciones públicas que en ejercicio de sus funciones se deben únicamente al interés de las personas, al contenido de la ley y al bien común”, se pronunció esa fundación en un comunicado de prensa.

El fiscal general de la República dijo este jueves que actualmente se encuentra solo y que únicamente tiene la ley en su mano: “Pido que se nos deje trabajar, por los casos de Probidad. Yo estoy recibiendo presiones en este momento, tengo que decirlo públicamente”.

La fundación recordó que el fiscal general de la República debe contar con la colaboración del resto de instituciones públicas y particularmente de los órganos auxiliares de justicia.

“La FUNDE, en tanto Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, anima a los funcionarios del ministerio público y del Órgano Judicial a cargo de las mencionadas investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito a cumplir con las atribuciones legalmente conferidas, a asumir un renovado compromiso en la lucha frontal contra la impunidad”, dijo FUNDE.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), con los resultados de los exámenes patrimoniales realizados por Probidad, ya envió a juicio civil a dos exfuncionarios del Ejecutivo y a un diputado: al expresidente de la República Mauricio Funes, al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al actual diputado del PCN por el departamento de Chalatenango, Reynaldo Cardoza. La Corte le remitió a la Fiscalía todos los hallazgos de posible enriquecimiento ilícito. La institución deberá definir si decide procesarlos penalmente por ese delito.

La decisión de enviar a juicio civil a Cardoza, Funes y Flores se enmarca, mencionó FUNDE, en el artículo 240 de la Constitución de la República, por lo que gozan de legalidad y legitimidad, y que el fiscal es el comisionado constitucionalmente para realizar las diligencias iniciales de investigación correspondientes ante la posible existencia de actos de corrupción.

“Solo el manejo ético y responsable de los limitados recursos con los que cuenta el país permitirá a la mayor cantidad de personas ser partícipes del desarrollo integral y equitativo que todos queremos”, concluyó la fundación, cuya oficina contra la corrupción (ALAC) solicitó a Probidad las auditorías patrimoniales a tres expresidentes de la República.

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