FUSADES: Más presupuesto no mejoró la seguridad

Gasto en seguridad aumentó $120.2 millones entre 2008 y 2014. Según la organización, ese incremento de recursos no ha impactado favorablemente al país en la reducción de la violencia.
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Coordinación.  Para FUSADES, las instituciones encargadas de la seguridad y justicia deben mejorar la coordinación entre ellas, empezando por generar información consolidada y de calidad, para tener puntos de partida claros al momento de implementar estrategias de combate y prevención.

Coordinación. Para FUSADES, las instituciones encargadas de la seguridad y justicia deben mejorar la coordinación entre ellas, empezando por generar información consolidada y de calidad, para tener puntos de partida claros al momento de implementar estrategias de combate y prevención.

Recursos.  FUSADES dice que El Salvador ingresó más recursos al área de seguridad que los otros países de Centroamérica, pero no mejoró índices.

Recursos. FUSADES dice que El Salvador ingresó más recursos al área de seguridad que los otros países de Centroamérica, pero no mejoró índices.

FUSADES: Más presupuesto no mejoró la seguridad

FUSADES: Más presupuesto no mejoró la seguridad

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Contar con mayores recursos per cápita destinados a la seguridad pública no ha implicado resultados positivos visibles para El Salvador, según el análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ya que así lo plantea en uno de sus últimos estudios.

El análisis llamado “Aumento de recursos y algunos resultados en seguridad y justicia, 2008-2015”, publicado en la “Serie de investigación” de FUSADES, basa parte de sus conclusiones en otros estudios que ya habían investigado el uso y destino de fondos y recurso humano en el área de seguridad.

“Las instituciones analizadas aumentaron su gasto en $120.2 millones, comparando 2008 con 2014; y de 2008 al 2015 crearon 10,063 nuevas plazas, de las cuales 7,731 fueron en personal de seguridad pública”, plantea literalmente el documento y matiza que lejos de disminuir los índices de criminalidad del país, estos aumentaron.

El año pasado se cometieron más de 6,600 homicidios durante todo el año, la cifra más alta de los últimos 12 años, por lo menos. La cantidad de crímenes empezó a aumentar de forma vertiginosa desde el segundo semestre de 2013, cuando la tregua entre pandillas empezó a decaer.

Durante la tregua el promedio diario de homicidios osciló entre las cinco y siete víctimas por día, el más bajo de los últimos años.

“El Salvador es uno de los países de la región que más recursos asigna a seguridad y justicia dentro del presupuesto y como porcentaje del PIB, y es uno de los que tiene más policías, jueces y fiscales por cada 100,000 habitantes”, señala FUSADES, pero agrega que “este incremento en insumos y las distintas estrategias no se han traducido en resultados. No se ha podido combatir el crimen, y, por el contrario, se ha recrudecido en número de homicidios”.

Según el estudio, para 2013 El Salvador tenía un promedio de 351.1 policías por cada 100,000 habitantes; por encima del promedio mundial de 332 policías por cada 100,000 habitantes.

Parte de la responsabilidad en que el aumento de recursos no haya impactado favorablemente, según FUSADES, es la falta de coordinación institucional, capacitación y estímulos, entre otros.

“Es imprescindible contar con una base de datos que sea confiable y consolidada para las distintas instituciones involucradas en el combate a la violencia y en la administración de justicia. La disponibilidad de cifras sólidas permitirá hacer un mejor análisis del comportamiento de las variables y conocer si los planes están dando los resultados esperados”, reseña el informe literalmente.

La falta de coordinación institucional y la necesidad de bases de datos comunes es un tema ventilado públicamente desde 2005, cuando el entonces ministro de Seguridad, René Figueroa, no aceptaba las cifras de homicidio registradas por el Instituto de Medicina Legal (IML) como la oficial en registro de homicidios.

La desavenencia derivó en la creación de una “mesa tripartita” en la que las cifras de muertes violentas son consolidadas por el IML, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, fue hasta enero de este año cuando el entrante fiscal general de la República, Douglas Meléndez, nombró un fiscal de enlace con el IML, para atender la coordinación institucional entre ambas entidades.

El análisis de FUSADES también hace referencia a las condiciones que el personal de seguridad debe solventar en el país, con los evidentes riesgos que atañen a la profesión. “El salario anual per cápita del personal de Gobierno y del personal técnico es 6.8 y 5.1 veces más alto, respectivamente, que el que tiene el personal de seguridad”, dice el documento, y agrega que, en 2015, 62 miembros de la PNC y 24 militares fueron asesinados.

De hecho, miembros de la PNC han estado presionando al gobierno central debido a que hasta ayer no se había concretado la entrega de un bono para paliar las condiciones salariales precarias. La falta del bono generó, incluso, una protesta de policías –la mayoría supuestamente de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI)– e incluso el traslado de miembros de la UMO (lea secundaria).

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