FUSADES: país necesita Ley de Probidad que respete la Constitución

La fundación reitera que los legisladores obviaron cumplir con el artículo 240 de la Constitución.
Enlace copiado
Estudio.  La nueva Ley de Probidad está bajo estudio de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. El equipo gestor de la ley, que presentó una demanda, considera que contraviene el artículo 240 de la Constitución.

Estudio. La nueva Ley de Probidad está bajo estudio de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. El equipo gestor de la ley, que presentó una demanda, considera que contraviene el artículo 240 de la Constitución.

FUSADES: país necesita  Ley de Probidad que respete  la Constitución

FUSADES: país necesita Ley de Probidad que respete la Constitución

Enlace copiado
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) planteó ayer que la Ley de Probidad, aprobada en diciembre recién pasado, no solo viola disposiciones constitucionales, si no también una disposición en un tratado internacional. La ley está actualmente bajo análisis de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La organización publicó ayer un boletín con su postura oficial acerca del instrumento legal aprobado por la Asamblea Legislativa, y sancionado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el 23 de diciembre de 2015.

En el escrito, FUSADES desarrolla puntos que ya habían sido ventilados cuando se presentó la demanda de inconstitucionalidad de la nueva ley. La principal crítica de la organización, que formó parte junto con otros grupos de la sociedad civil del equipo gestor, es que los legisladores hayan eliminado la facultad del pleno de la CSJ de ordenar juicios civiles.

El artículo 240 de la Constitución de la República establece que “los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes...”

Según FUSADES, la Asamblea violentó directamente este artículo, ya que según su análisis, los diputados eliminaron “lo relativo al juicio civil por enriquecimiento ilícito que ordena el artículo 240 de la Constitución, cuyo fin es restituir al Estado los bienes o recursos que puedan haber sido sustraídos ilícitamente, y que puedan haber ingresado al patrimonio personal de un determinado servidor público”.

Otras de las normas que FUSADES considera “transgredida” son convenios anticorrupción de los que El Salvador es firmante. La organización plantea que el respeto a dichos tratados internacionales está garantizado en el artículo 144 de la Constitución.

La Sala de lo Constitucional ordenó el pasado 11 de enero la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Probidad, luego de admitir una demanda en contra de esta. Según tal resolución, la CSJ puede continuar seguir emitiendo juicios por enriquecimiento ilícito, mientras no se resuelva el análisis de constitucionalidad.

Hasta el momento la CSJ ha ordenado dos juicios civiles bajo la a Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP): uno al diputado del PCN Reynaldo López Cardoza y otro al exdirector del Seguro Social Leonel Flores Sosa. Los juicios son los primeros en los más de 50 años de existencia de dicho instrumento legal y sigue siendo utilizado por el pleno para depurar cerca de 28 casos de funcionarios y exfuncionarios pendientes de investigación por la Sección de Probidad.

Si bien, FUSADES critica que la Asamblea haya trasladado la decisión de iniciar un proceso a un funcionario únicamente a la Sala de lo Civil- y esto dando aviso a la Fiscalía General de la República (FGR)-; también plantea que algunos postulados del nuevo instrumento legal “deben mantenerse” y los enumera: la facultad de la Sección de Probidad de iniciar de oficio las verificaciones de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios o exfuncionarios, multas más severas para los funcionarios por no presentar su declaración patrimonial y reconocimiento del derecho de los ciudadanos de obtener versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, entre otros.

Tags:

  • Probidad
  • ley
  • enriquecimiento ilciito

Lee también

Comentarios

Newsletter