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FUSADES señala deficiencias en combate a la corrupción

Miembros de la Fundación para el Desarrollo Económico criticaron el rol que ha desempeñado la Corte de Cuentas en los últimos años.
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Hay debilidades que persisten en las instancias contraloras del Estado, sostuvo Liliam Arrieta, abogada de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en la presentación del informe de coyuntura legal e institucional del primer semestre del 2017.

Arrieta señaló que, además de las deficiencias en las instituciones, son evidentes las debilidades en los procesos de elección de segundo grado discutidas en la Asamblea en el último semestre. La abogada se refirió a los procesos de selección de miembros del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

En cuanto a la elección de dos miembros del Tribunal de Ética y de los comisionados del IAIP, el informe de FUSADES señaló que en ambos procesos ciudadanos han solicitado control constitucional por presuntas irregularidades.

Arrieta también señaló que la discusión sobre la elección de magistrados de la CCR debe ser reconocida como un punto clave para el combate a la corrupción. “Si hay un ejemplo de desconexión en lo que el país tiene en combate a la corrupción y lo que el país necesita es la Corte de Cuentas”, aseveró la integrante del Departamento de Estudios Legales (DEL).

El informe también criticó las modificaciones que la Asamblea Legislativa realizó a la Ley de Extinción de Dominio, ya que, a juicio de la fundación, “mezclando hábilmente modificaciones que buscan debilitar la lucha contra la corrupción con otras que sí eran necesarias y pertinentes para brindar garantías a los afectados”. Tal reforma fue suspendida de manera provisional por la Sala de lo Constitucional.

Arrieta también señaló que existe un retraso en el trabajo de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que solo tiene 57 investigaciones abiertas, y más de 400 funcionarios y exfuncionarios pendientes de ser indagados.

El jefe del DEL, Javier Castro, añadió que con las nuevas etapas procesales de los casos de corrupción que han sido llevados a tribunales se pondrá a prueba la solidez del rol fiscal.

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