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Falta de fondos frena atención psicológica en escuelas inseguras

El año pasado creó un plan para atender con psicólogos a 68 escuelas de un universo de 5,184. La apuesta es trabajar en la salud mental de alumnos, docentes y padres de familia; pero la falta de recursos limita la acción del Ministerio de Educación.
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Flor escribió en un cuaderno con hojas engrapadas los detalles de cómo ocurrió el homicidio de su prima. Lo sabía porque su novio, un jefe pandillero de la zona sur del municipio de San Salvador, le contó los pormenores del crimen sin conocer del parentesco que ella tenía con la víctima.

Flor, de 16 años, guardó silencio durante varios meses hasta que la maestra de Lenguaje del instituto nacional donde cursaba segundo año de bachillerato dejó como tarea escribir un ensayo sobre una anécdota de su vida. La única indicación era que tenía que ser algo que a los alumnos les provocara un sentimiento fuerte. Era agosto de 2015.

Dice la maestra que cuando leyó la tarea de Flor, se le erizó la piel porque siempre supo del vínculo de algunos de sus estudiantes con pandilleros; pero nunca se imaginó que como parte del proceso enseñanza-aprendizaje le tocara enfrentarse a un testimonio “desgarrador y frío” sobre un crimen.

Dejó pasar unos días, mientras encontraba qué hacer con la información que tenía. Recuerda que pensó en ideas de cómo abordar el tema con Flor, pues “era evidente que estaba muy mal de su salud mental”, dice la docente casi un año después.

“No nos capacitan para eso, no tenemos acceso a psicólogos ni apoyo profesional de cómo tratar estos casos. Hacemos lo que creemos que es lo más conveniente. Hacemos lo que creemos que es de sentido común; pero no debería ser así”, dice la maestra mientras manipula el cuaderno donde Flor, ahora ya bachiller, escribió la historia de su prima y sobre “otros crímenes” que cometieron los pandilleros.

Esa carencia de atención de la salud mental en la comunidad educativa es algo que reconocen las autoridades del Ministerio de Educación (MINED).

El primer intento por sistematizar la atención psicológica a estudiantes, docentes y padres de familia ocurrió en 2010. En esa fecha, el MINED firmó un convenio con la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) para desarrollar un programa de atención psicosocial en 60 centros escolares de cuatro departamentos del país: San Salvador, La Libertad, Ahuachapán y Chalatenango.

Desde entonces, la intervención con psicólogos se ha mantenido casi en los mismos niveles: nunca se ha llegado a cubrir ni tan siquiera un centenar de escuelas. Una cifra mínima si se toma en cuenta que el Ministerio de Educación tiene bajo su administración un total de 5,184 centros escolares públicos.

El proyecto más reciente de atención psicológica para estudiantes ocurrió el año pasado. El ministerio elaboró un plan para escuelas ubicadas en los 10 municipios focalizados en el Plan El Salvador Seguro con la siguiente justificación: “Nuestros estudiantes se enfrentan diariamente a diferentes factores de riesgo como: extorsiones, posesión de armas hechizas, ‘bullying’, venta e ingesta de drogas, estudiantes simpatizantes de las diferentes organizaciones pandilleriles que hacen presión de grupo para incorporarlos a las pandillas y fortalecen liderazgos negativos, llegando hasta los asesinatos”.

En resumen, el documento, al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA por medio de una petición a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio de Educación, establece que se trató de una intervención directa en 68 centros educativos de 10 municipios ubicados en siete departamentos, con atención en “salud mental para toda la comunidad educativa”.

Unos 10 trabajadores sociales y 68 psicólogos fueron distribuidos en Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, San Salvador, La Paz, Usulután y Cuscatlán entre julio y diciembre de 2015 para que atendieran a estudiantes y docentes de 68 centros escolares que fueron seleccionados “por su cantidad de matrícula, zona rural o urbana, que pertenecieran a municipios focalizados por el Gabinete de Seguridad y el MINED y que no reciban ayuda de ninguna institución”.

El proyecto requirió un presupuesto de $791,500, cantidad que fue transferida al MINED de la contribución especial para la seguridad que fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

Docentes que participaron en ese proceso, que hablaron bajo anonimato, señalaron que tuvo buenos resultados, pero la falta de fondos evitó que se extienda a otros centros escolares vecinos que se mostraron interesados en el proyecto.

Carlos Canjura, ministro de Educación, dijo: “Así como presupuesto específico de psicólogos no tenemos, pero dentro del programa de medidas extraordinarias hemos venido atendiendo las necesidades de atención psicosocial que tienen las escuelas y ahí hemos obtenido fondos para este programa”.

El ministro agregó: “En los municipios priorizados estamos haciendo ese trabajo de manera sistemática y queremos llevarlo a todo el país”.

Una de las ideas que baraja el MINED es crear un cuerpo de psicólogos propios de la institución. “Estamos dando la directriz para que los psicólogos del sistema educativo, que están dando otras asignaturas, formen parte del cuerpo de psicólogos que debemos de tener”, señala Canjura. Una tarea que parece lejana a la luz de lo que ha determinado el Consejo Nacional de Educación (CONED) de que un estimado del 64 % de los centros educativos públicos (unos 3,327) se encuentra ubicado en comunidades que tienen presencia de pandillas, en muchas de las cuales ocurre acoso, presión y reclutamiento de estudiantes.

Una realidad que deben enfrentar docentes que no reciben instrucción sobre qué hacer en casos como el de Flor, la estudiante que tuvo que escuchar a un pandillero contar cómo asesinó a su prima, otra adolescente que cursaba primer año de bachillerato.

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