Familia de policía huye tras amenaza de pandilleros

Sala de lo Constitucional admitió ayer dos nuevas demandas de familias acosadas por pandillas.
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Huyen. Entre 15 y 20 personas abandonaron ayer sus viviendas en Apopa, tras recibir amenazas de una estructura de pandilleros del Barrio 18, según confirmó la Policía Nacional Civil.

Huyen. Entre 15 y 20 personas abandonaron ayer sus viviendas en Apopa, tras recibir amenazas de una estructura de pandilleros del Barrio 18, según confirmó la Policía Nacional Civil.

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Carros de mudanza custodiados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cubiertos con gorros pasamontañas anunciaron ayer por la tarde un nuevo caso de desplazamiento forzado de al menos 15 personas de una misma familia que vivía en la colonia Brisas de Joya Grande en Apopa, San Salvador.

Fuentes del lugar afirmaron que el martes pasado la familia realizaba un rezo en la vivienda, cuando fueron amenazados por pandilleros del Barrio 18 facción Revolucionarios que operan en la zona, quienes les dieron un plazo para abandonar el lugar.

Una de las víctimas dijo que la amenaza se dio debido a que un agente policial es miembro de su familia, y este también había sido amenazado. Sin embargo, fuentes policiales señalaron que la familia ya había sido blanco de ilícitos meses atrás.

“Ni la FGR, ni la PNC, ni la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la UTE activaron las medidas de protección”. 
comunicado Sala de lo Constitucional

Al mismo tiempo que las familias sacaban apresuradamente los bienes de sus viviendas en Apopa, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron pública la admisión de dos nuevas demandas de amparo presentadas por familias acosadas por pandillas. La sala ordenó a las autoridades de Seguridad Pública que establezcan las medidas de seguridad necesarias para que las familias víctimas del desplazamiento puedan regresar a sus territorios de origen a recoger los bienes que han abandonado.

“Ni la FGR, ni la PNC, ni la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la UTE activaron las medidas de protección ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Especial Para la Protección de Víctimas y Testigos, pese a que varias delegaciones y unidades de la PNC como de la FGR tuvieron conocimiento de los hechos antes referidos”, se lee en el comunicado emitido por la Sala de lo Constitucional, en el que también se acreditó la reserva total del expediente judicial.

La sala admitió la primera demanda de amparo por una familia amenazada por pandillas el 6 de octubre pasado. En los casos admitidos, la sala ha expresado que las víctimas recurrieron a las instancias del Estado, pero estas no respondieron con apoyo.

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