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Familiares reciben primeras seis osamentas de la masacre El Calabozo

Víctimas son parte de las 200 personas asesinadas por militares durante el conflicto en San Vicente. Hay indicios de más sitios con restos.

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Entrega.  El Instituto de Medicina Legal dio ayer las osamentas de seis víctimas de la masacre de El Calabozo.

Entrega. El Instituto de Medicina Legal dio ayer las osamentas de seis víctimas de la masacre de El Calabozo.

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"Todo esto es duro para nosotros", dice con su voz entrecortada María Berta Realegeño Bonilla, una mujer de 62 años, que ayer en la mañana tenía dos rosas blancas en las manos y estaba parada frente a la sede central del Instituto de Medicina Legal (IML). Acababa de recibir las osamentas de seis familiares víctimas de la masacre conocida como de El Calabozo, ejecutada en San Vicente por el ejército salvadoreño en 1982.

A María la acompañaban Fernando Bonilla y Juana de Jesús Realegeño, sobrevivientes de esa masacre que causó más de 200 víctimas civiles, entre hombres, mujeres y niños, según el informe de la Comisión de la Verdad. Los testigos apuntan a que la autoría de la matanza es de los batallones Atlacatl y Ramón Belloso, el Destacamento Militar Número 2 (Cabañas) y la Quinta Brigada de Infantería de San Vicente, durante la guerra civil (1980-1992).

Las osamentas que recibieron corresponden a una familia: José Bonilla (padre), Lorenza Realegeño (madre), Santos Marta Bonilla Realegeño (hija), María Alicia Bonilla Realegeño (hija), Santos Jaime Bonilla Realegeño (hijo, de ocho años) y Lorena Ayala. Fueron desenterrados entre el 28 de octubre y el 1.º de noviembre de 2018, por autorización del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en San Vicente.

El desentierro de las víctimas es parte de las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) contra los militares que participaron en la masacre. El operativo que terminó en la matanza de civiles fue denominado por el ejército como "Teniente Coronel Mario Azenón Palma", realizado entre el 17 y el 25 de agosto de 1982, en los municipios San Esteban Catarina, San Lorenzo, Santa Clara y otros del departamento de San Vicente.

"Los acusados son los más altos oficiales que dirigieron este crimen masivo: el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, comandante del operativo y entonces comandante del Destacamento Militar Número 2; el coronel José Antonio Méndez, comandante del Batallón Ramón Belloso; Domingo Monterrosa, quien no es acusado por ser fallecido; el exministro de la Defensa Guillermo García; y el exjefe del Estado Mayor David Flores Lima", dijo ayer el exprocurador de Derechos Humanos y ahora representante de las víctimas del conflicto, David Morales.

María asegura que su lucha no termina con la recuperación de las seis víctimas. Otros tíos, primos, sobrinos y conocidos fueron ejecutados por los militares, pero desconocen la ubicación de los cadáveres. Son conscientes de que la matanza ocurrió a orillas del río Amatitán y la creciente se llevó los restos, sin que puedan recuperarlos. Morales advirtió que existen testigos sobre las ubicaciones de otras víctimas.

"Yo lo que pido es reparación y justicia", señaló frente al IML María, una víctima de los crímenes de guerra que pueden ser investigados porque la Sala de lo Constitucional eliminó la Ley de Amnistía en 2016. Luego de una misa, la familia va a enterrar a los seis esta mañana, 38 años después.

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