Favorecen con prórroga a 15 investigados por Probidad

Entre todos esos funcionarios acumulan más de 400 cuestionamientos que deben esclarecer sobre su patrimonio.
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Foto de LA PRENSA/Archivo Disminución.  Magistrados han criticado que la Sección de Probidad haya disminuido su trabajo y que por eso los casos no son conocidos en el pleno. Sin embargo, algunos exámenes están listos y no llegan a ser discutidos en plenarias.

Foto de LA PRENSA/Archivo Disminución. Magistrados han criticado que la Sección de Probidad haya disminuido su trabajo y que por eso los casos no son conocidos en el pleno. Sin embargo, algunos exámenes están listos y no llegan a ser discutidos en plenarias.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha otorgado prórrogas a 15 funcionarios y exfuncionarios para que tengan más tiempo para justificar los hallazgos o irregularidades señalados por la Sección de Probidad en sus exámenes patrimoniales.

Los magistrados empezaron a aprobar prórrogas para la presentación de las adendas desde julio del año pasado y las últimas tres fueron autorizadas el martes pasado. Los plazos adicionales que han dado van desde cinco hasta 90 días calendario.

Entre los funcionarios y exfuncionarios favorecidos se cuentan exdiputados, diputados en funciones, exalcaldes, alcaldes en funciones, jueces, exvicepresidencia de la república, un exmagistrado de la Corte, empleados administrativos, entre otros. Entre todos suman más de 400 irregularidades que deben solventar ante Probidad.

Según el manual de procedimientos de Probidad, el proceso de investigación del patrimonio de un funcionario y su familia consta de 81 pasos y se toman en cuenta al menos 13 documentos oficiales. El punto 73 de la lista de procedimientos establece que “se concede al funcionario investigado 10 días hábiles, prorrogables hasta cinco días más a petición y previa justificación del mismo” para que este pueda justificar las irregularidades encontradas en el análisis preliminar de su patrimonio y el de su familia.

LA PRENSA GRÁFICA verificó que la mayoría de los plazos extra otorgados a los funcionarios y exfunconarios ya claudicaron, por lo que únicamente haría falta cinco pasos administrativos para que el caso llegara al pleno de la Corte. Sin embargo, los magistrados todavía no han tomado decisión en plenaria sobre los informes finales de estos expedientes.

Los magistrados han señalado que la disminución del trabajo de Probidad, respecto de su actividad en 2016, responde a la complejidad de algunos informes, a las prórrogas otorgadas y al poco personal que labora en la Sección de Probidad.

“Hasta ahorita no hemos conocido (casos). Lo que está pendiente son plazos adicionales que se han dado, lo que se argumenta es que son plazos porque los casos son bastantes largos y de mucha documentación, y porque son de hace muchos años la información no está tan disponible y las instituciones se tardan para hacerlas llegar”, contestó el presidente de la Corte, Armando Pineda, cuando se le preguntó por qué la Corte ya no destapó más casos en los que hay indicios de enriquecimiento ilícito.

En julio de 2017, cuando la Corte otorgó la primera prórroga que excedió lo planteado en el manual, Sidney Blanco, como presidente de la Comisión de Ética y Probidad, alertó en plenaria la Corte sobre un posible “trato diferenciado” entre los funcionarios investigados, pues en ocasiones como la de un expresidente, ya se había negado este tipo de ampliaciones. Sin embargo, los magistrados ajenos al grupo de constitucionalistas argumentaron la necesidad de otorgar la prórroga por la complejidad del análisis financiero del caso.

Según consta en las actas del pleno de la Corte, desde ese momento las discusiones sobre las prórrogas empezaron a ser más laxas.

 

Casos 2017
El año pasado el pleno de la Corte envió a juicio civil por enriquecimiento ilícito al expresidente de la CSJ Agustín García y al expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES). El pleno resolvió archivar los expedientes del actual presidente del INDES, Jorge Quezada; el magistrado de la CSJ Belarmino Jaime; la expresidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) Marina Marenco; y el exdiputado de ARENA Nicolás Antonio García Alfaro.

 

3
 prórrogas fueron otorgadas el martes pasado.
400
 irregularidades, aproximadamente, acumulan los funcionarios a los que les han dado prórroga.

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