Fgr demanda por enriquecimiento ilícito a exdirector isss

La Unidad Anticorrupción de la FGR presentó la demanda civil contra Leonel Flores por más de $600,000, un día después que la CSJ congeló la entrada en vigor de la nueva Ley de Probidad.
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Juramentación.  Leonel Flores Sosa, médico de profesión y residente en  Estados Unidos, fue juramentado como titular del ISSS en 2011. Salió en 2014.

Juramentación. Leonel Flores Sosa, médico de profesión y residente en Estados Unidos, fue juramentado como titular del ISSS en 2011. Salió en 2014.

Documentación.  Parte de la documentación presentada por la Fiscalía es la misma que ya había obtenido a través de informes la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Documentación. Parte de la documentación presentada por la Fiscalía es la misma que ya había obtenido a través de informes la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Demanda.  La demanda civil contra el exfuncionario fue presentada ayer por la tarde por fiscales anticorrupción.

Demanda. La demanda civil contra el exfuncionario fue presentada ayer por la tarde por fiscales anticorrupción.

Fgr demanda  por enriquecimiento ilícito a exdirector  isss

Fgr demanda por enriquecimiento ilícito a exdirector isss

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El exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, fue demandado ayer por fiscales anticorrupción en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, por sospechas de haberse enriquecido ilícitamente mientras fungió como funcionario, entre 2011 y 2014.

“Estamos obedeciendo y dándole cumplimiento a la orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde ellos mediante un análisis encontraron indicios de posible enriquecimiento ilícito”, dijo ayer el jefe fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, quien agregó: “Estamos presentando la demanda correspondiente” también contra la esposa de Flores, Dennis Karina Hernández de Flores.

El pasado 26 de noviembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó un juicio por enriquecimiento ilícito en contra de Flores Sosa y su esposa, tras encontrar incoherencias entre sus declaraciones patrimoniales de inicio y cese del cargo como titular del ISSS y al encontrar inconsistencias en sus cuentas bancarias y desembolsos de fondos para compra de vehículos, entre otros.

“La cámara va a determinar si el exfuncionario (Flores Sosa) se enriqueció u obtuvo dinero más allá de lo que él haya obtenido producto de sus ingresos lícitamente”, explicó Amaya.

A finales de noviembre pasado, el pleno de la Corte hizo público que Flores Sosa no pudo justificar un incremento patrimonial de $608,387.28. El fiscal Amaya reiteró la misma suma ayer.

La Corte se basó, entonces, en el análisis efectuado por la Sección de Probidad. Los magistrados ya habían ordenado otro juicio civil, previamente, contra el diputado del PCN Reynaldo López Cardoza, bajo sospechas de enriquecimiento ilícito por $1 millón.

el proceso

La Fiscalía General de la República (FGR) explicó ayer que el procedimiento a seguir implica que la Cámara Segunda analizará la demanda presentada y, luego de admitirla, notificará a Flores Sosa. En tal etapa, el demandado tiene derecho a presentar pruebas de descargo, dijo Amaya.

“Posteriormente viene una audiencia previa y luego otra audiencia de aportación de pruebas”, detalló el jefe fiscal.

La demanda civil presentada ayer implica que la Fiscalía entra a formar parte del proceso de forma oficial. Según el fiscal Amaya, dentro del escrito solicitan el “auxilio judicial” a la Cámara Segunda para efectuar diligencias, aunque no especificó cuáles.

La unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) informó, por su parte, que “la Cámara revisará la documentación y si no tiene elementos que subsanar notificará a Flores que tendrá a partir de ser notificado 20 días para ejercer su defensa o contestarla”.

El proceso contra Flores Sosa inició el pasado 7 de diciembre, luego que la Cámara Segunda de lo Civil dio por admitida toda la documentación presentada por la Sección de Probidad de la CSJ.

Parte de esa documentación es la misma que los fiscales anticorrupción presentaron ayer, dijo el fiscal Amaya. En tres cajas constan los informes bancarios que detallan que Flores Sosa recibió hasta 55 depósitos de parte de terceras personas en cuentas bancarias personales, que no constituían su salario como funcionario. Pesquisas de la Sección de Probidad determinaron que la mayor parte de esos depósitos fueron hechos en una cuenta del Banco Hipotecario, donde Flores Sosa tenía un crédito .

La mayoría de los depósitos fueron hechos por un motorista del ISSS, subalterno de Flores Sosa. El dinero de esos depósitos, en efectivo, era proporcionado por la asistente del entonces director del ISSS, según Probidad.

En la resolución del pleno de la CSJ, que resolvió ordenar el juicio civil, los magistrados plantearon que Flores Sosa no pudo justificar cómo había obtenido tales ingresos; además, que no supo explicar claramente transacciones con algunos vehículos. En ese documento, la Sección de Probidad reseñó que Flores Sosa planteó en su declaración de inicio de funciones que recibiría poco más de $12,000 mensuales producto de inversiones que tenía en Estados Unidos; pero en vista que tales depósitos se harían en cuentas estadounidenses, no los declararía.

En la declaración patrimonial de cese de funciones, Flores Sosa -según tal resolución- buscó justificar algunos de sus ingresos en cuentas bancarias aludiendo sus inversiones en el extranjero. La Sección de Probidad explica en su informe que no pudieron rastrearse en el sistema financiero local la entrada de remesas internacionales a favor de Flores Sosa.

En algunas entrevistas televisivas, y en un comunicado que publicó él mismo en su cuenta personal de Twitter, Flores Sosa ha asegurado que la Sección de Probidad no le dio oportunidad de desvanecer lo hallazgos en su contra; y que ello implicaba una violación a su derecho de audiencia.

El pasado 8 de enero, el CJIM informó que la Cámara Segunda de lo Civil recibió la confirmación de distintas entidades bancarias que Flores Sosa y su esposa tienen hasta la fecha 10 cuentas de diversos tipos inmovilizadas a raíz del proceso en su contra.

La presentación formal de la demanda civil se da al día siguiente de que la Sala de lo Constitucional de la CSJ admitió una demanda de inconstitucionalidad y suspendió la entrada en vigor de la nueva Ley de Probidad, que implicaba que los juicios civiles ya no serían aprobados por el pleno de la CSJ, si no por la Sala de lo Civil.

El pasado viernes, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, confirmó que actualmente la Sección de Probidad tiene 30 investigaciones abiertas contra funcionarios y exfuncionarios, incluidos tres expresidentes de la República.

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