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Fianza de $10,000 y libertad para exjefa de Corte de Cuentas acusada de limpiar auditoría a ex fiscal general

Juzgado rechazó petición de Fiscalía, que buscaba que fuera a prisión la exdirectora de la Corte de Cuentas acusada de limpiar corrupción del exfiscal Luis Martínez. 

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Una fianza de $10,000, no salir del país, no acercarse a los testigos del caso y firmar en el juzgado cada 15 días. Esas son las medidas que debe cumplir para enfrentar el proceso en libertad Isabel Cristina Laínez de Pérez, la exjefa de la Dirección de Auditoría Tres de la Corte de Cuentas de la República (CCR) acusada de limpiar hallazgos de corrupción de Martínez en una auditoría de 2015.

La decisión fue tomada esta tarde por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, luego de instalar la audiencia inicial por la mañana, según confirmó la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM).

El juez no aceptó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitaba que Laínez de Pérez permaneciera detenida mientras recopilan más pruebas en su contra en la etapa conocida como Instrucción.

Según las investigaciones, Laínez estaba a cargo de la Dirección de Auditoría Tres de la Corte de Cuentas cuando realizaron en 2017 un estudio contable a la gestión de 2015 del ex fiscal general Luis Martínez y el ex gerente general de la fiscalía Mauricio Yánez.

Los autoditores del ente contralor encontraron irregularidades el uso de fondos públicos por parte de la administración de Martínez y Yanez en el periodo auditado, que era el 1.º de agosto y el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, Laínez decidió eliminar esos indicios de corrupción sin justificación, dice la FGR.

Los investigadores aseguran que el exfiscal Martínez dio un empleo en la FGR a Maynor Vladimir Pérez Laínez, hijo de Isabel Cristina Laínez. El fiscal contrató al hijo de la ahora imputada como digitador con un salario de $615. Pero a la fiscalía le parece curioso que la contratación, hecha efectiva el 10 de agosto de 2015, no cumplió con la ley interna. 

El caso ahora pasa a manos del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, dijo el CJIM.

Desde el 4 de mayo de 2018, Laínez está separada de su función en la Corte porque tuvo a su cargo una auditoría contra la Alcaldía de Apopa, a pesar de que mantenía una relación de negocios con la comuna: le había comprado 20 libros de su autoría, titulados "La ventana de Dios y testimonios del poder de Dios", por un monto de $140, en 2017.

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