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Fianza y libertad para auditores procesados por limpiar $161.9 millones en presa El Chaparral

Auditores Corte de Cuentas siguen procesados en libertad por limpiar cuatro hallazgos de posible corrupción en presa El Chaparral. Defensa y empleados apuntan a expresidentes de ente contralor.

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Corrupción.  Dos auditores de la Corte de Cuentas son acusados de colaborar en corrupción El Chaparral.

Corrupción. Dos auditores de la Corte de Cuentas son acusados de colaborar en corrupción El Chaparral.

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En libertad. Así van a enfrentar la etapa de ampliación de investigación Wilfredo Aguilar Montesinos y José Isidro Cruz, auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR), acusados de borrar irregularidades en el contrato y ejecución de la construcción de la presa El Chaparral, en San Miguel. La decisión la tomó ayer el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.

La jueza María Sigüenza consideró , tras la audiencia inicial, que existen indicios sobre la participación de los auditores en la eliminación ilegal de las irregularidades de El Chaparral y los envió, en libertad con restricciones, a la etapa de recopilación de más pruebas, llamada Instrucción. Para salir de prisión deben pagar fianzas de $2,000, aunque no podrán salir del país, portarán un brazalete electrónico y se presentarán a firmar al juzgado durante la Instrucción.

Los auditores estaban detenidos desde el lunes. La Fiscalía los acusó porque, según sus investigaciones, encontraron seis anomalías en la adjudicación y ejecución del proyecto El Chaparral, pero en el informe final de 2015 solamente presentaron dos de esos hallazgos. La actuación de los imputados no tiene justificación legal, dijo ayer una fiscal.

Las cuatro irregularidades eliminadas por los procesados estaban relacionadas con el contrato por $161.9 millones que no tienen documentos de respaldo y fueron utilizados de forma indebida en la construcción del proyecto hidroeléctrico, ubicado en San Miguel. La FGR les imputa los delitos de incumplimiento de deberes agravada y actos arbitrarios.

La auditoría de la CCR estudió el contrato CEL-4243-S, suscrito entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa ASTALDI, para la construcción de la presa entre el 5 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. El examen especial también comprendió el contrato CEL-4177-S, firmado entre la autónoma y el Consorcio Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S. A. y Euroestudios SL, para supervisar la construcción de la represa entre el 5 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013. Los dos en la etapa como presidente de la república de Mauricio Funes, ahora prófugo por corrupción.

Aguilar Montesinos era jefe de la Dirección de Auditoría Cuatro y recibió un borrador del informe de ese examen especial el 12 de septiembre de 2014. Pero la lectura de ese documento ocurrió siete meses después, el 10 de abril de 2015. La auditoría mostraba seis hallazgos que sumaban el millonario monto.

El 12 de junio de 2015, la Dirección de Auditoría Cuatro emitió un informe final donde desvaneció cuatro de esas irregularidades. Además, uno de los dos hallazgos reportados ya había vencido y el otro estaba casi por caducar. Estos dos últimos reparos fueron enviados a la Cámara Primera de Primera Instancia de la CCR para un juicio de cuentas.

Una fiscal dijo ayer que los hallazgos eliminados son: falta de liquidación de provisión y el cargo realizado al costo de inversión de obra civil del proyecto; uso inadecuado de anticipo de fondos entregados para la construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral, por $16,889,717.70; atraso en la ejecución del proyecto construcción de la central hidroeléctrica; y la falta de documentación de respaldo para el pago del monto base para la negociación del arreglo directo, por $85 millones.

La defensa de los auditores celebró la decisión de la jueza y calificó como "frágil" la acusación de la Fiscalía. Agregó que el presidente de la CCR en esa época, Johel Valiente, estuvo involucrado en la auditoría irregular, por lo que le pareció extraño que la Fiscalía no lo acuse. Un argumento que compartió un grupo de sindicalistas de la Corte que protestó ayer frente a los juzgado en apoyo a sus compañeros acusados.

Desde 2019 hay otro caso penal abierto que involucra al expresidente Mauricio Funes, autoasilado en Nicaragua, y cinco más por un supuesto soborno que dio ASTALDI para dejar de manera inconclusa El Chaparral. La supuesta dádiva fue de $3.5 millones.

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