Fiscal Douglas Meléndez denuncia presiones por casos de Probidad

El funcionario no especificó quiénes y cómo lo estarían presionando y únicamente habló de “grupúsculos”. Meléndez pidió que dejen trabajar a la institución.
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“Yo quiero ser muy honesto, yo creo que en este país yo me encuentro solo en este momento. Aquí, si quiero con carácter decir las cosas, el fiscal general en este momento se encuentra solo. Solo la ley tiene en su mano, pido que se nos deje trabajar, por los casos de Probidad, yo estoy recibiendo presiones este momento, tengo que decirlo públicamente”, aseguró ayer el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.

El funcionario dio tales declaraciones luego de que asistiera a la firma de un convenio con la Secretaría de Inclusión Social (SIS), en la sede de Ciudad Mujer del municipio de Colón (La Libertad). Meléndez se dedicó a responder algunas preguntas que le hicieron varios medios de comunicación. Casi al finalizar la ronda –y por iniciativa propia– el fiscal hizo tal denuncia pública; pese incluso a que su equipo de comunicaciones ya había dado por cerrado el tiempo de preguntas y respuestas.

Antes de asegurar estar recibiendo presiones, Meléndez dijo: “Yo sí tengo algo que decir, sinceramente. Yo estoy pidiendo que por favor se deje trabajar a la Fiscalía General de la República, que se respete la institucionalidad, lo estoy pidiendo muy respetuosamente, no se vale estar cuestionando a las instituciones y a sus funcionarios, por favor”.

Desde el año pasado, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene bajo análisis 29 expedientes de funcionarios y exfuncionarios, a quienes supuestamente les han encontrado irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones en el cargo.

Tres de esos casos ya derivaron en el inicio de juicio por enriquecimiento ilícito. El primero de ellos fue el diputado del PCN por el departamento de Chalatenango, Reynaldo Cardoza, quien según los análisis de Probidad no logró justificar ingresos por cerca de $1 millón en su patrimonio. Posteriormente, el pleno de la CSJ ordenó el inicio de juicio civil contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa y recientemente contra el expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena. Al primero, Probidad le cuestionó poco más de $600,000 de incremento patrimonial no justificado. Funes, por su parte, fue inicialmente cuestionado por Probidad por poco más de $700,000, los que finalmente se redujeron hasta poco más de medio millón sin supuesta justificación. Los tres casos, además, ya fueron certificados a la FGR para que esta institución analice si inicia un caso penal o no.

La semana pasada, la Sección de Probidad entregó a los magistrados los hallazgos de la auditoría patrimonial del expresidente de la República Elías Antonio Saca González. Los indicios preliminares de Probidad son que el exfuncionario tuvo un incremento patrimonial injustificado por $6.5 millones mientras fungió como presidente.

Ayer trascendió extraoficialmente que Corte Plena volvió a conocer el informe de Probidad relacionado a las declaraciones del expresidente Saca, quien tuvo tres días hábiles para presentar pruebas a su favor y tratar de desvanecer las supuestas irregularidades. La decisión final, añadieron las fuentes extraoficiales, sería anunciada hoy.

El fiscal Meléndez no identificó con nombre y apellido a las personas que supuestamente lo están presionando por los casos de Probidad. Tampoco explicó de qué manera han llegado esas supuestas presiones. Únicamente mencionó que son “personas y grupúsculos”, los encargados de hacerlas.

El funcionario incluso añadió: “Tenemos información de que al fiscal general de la República, en estos momentos posiblemente, posiblemente, se le esté haciendo algún tipo de conspiración y también tengo información que posiblemente vengan algunas acciones en contra del fiscal, así que lo quiero decir públicamente”.

Al ser cuestionado si esas supuestas acciones implican una demanda de inconstitucionalidad contra su nombramiento por la Asamblea Legislativa, Meléndez solo contestó con un “no sé de qué tipo”.

Los juicios civiles iniciados por la Sección de Probidad han generado amplios resquemores y debates en diversos sectores políticos. De hecho, fue posterior al inicio de la judicialización de los casos, que los diputados aceleraron la discusión acerca de la nueva Ley de Probidad, que fue aprobada en diciembre pasado y actualmente está bajo análisis de la Sala de lo Constitucional.

El nuevo instrumento legal fue aprobado solo por mayoría, y le quitó facultades a la CSJ de ordenar juicios civiles. Los votos para aprobarla provinieron del FMLN, partido bajo cuya administración trabajó el expresidente Funes Cartagena y el exdirector Flores Sosa. También con votos del PCN, partido político al que pertenece el diputado López Cardoza, y votos del partido GANA, al que políticos han relacionado públicamente al expresidente Saca.

Antes de la nueva ley, la Sección de Probidad trabajaba con la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), que data de la década de 1950.

Los juicios civiles iniciados por sospechas de enriquecimiento ilícito son los primeros casos, en más de 50 años, iniciados por el pleno la CSJ desde la existencia de la LEIFEP.

El fiscal Meléndez reiteró su denuncia pública con “no es posible que se empiece a hacer eso con los funcionarios, no creo que sea lo correcto. Tengo información, lo estoy diciendo muy honestamente y muy responsablemente, porque el fiscal general de la República creo que está solo en este momento, tengo que decirlo”, aseveró.

El caso judicializado más avanzado, hasta ahora, es el del diputado López Cardoza, quien ya tiene programada una audiencia para el próximo 13 de abril en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.

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