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Fiscal: “Hay que cambiar la estrategia de seguridad”

El fiscal general anunció que solicitará a los jueces que tienen imputados en la DAN que sean trasladados a centros penales.
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Douglas Meléndez, fiscal general de la República, aseguró ayer que es necesario un cambio de rumbo en la estrategia que rige la política de seguridad que está implementando el Estado.

Según el funcionario, aunque existió una reducción de casi 3 % de la incidencia de delitos en 2016 comparado con 2015, solicitará una reunión con las autoridades de la cartera de Seguridad para plantearles una nueva forma de combatir los delitos de homicidio y extorsión, sin que esto implique que “todo (lo que se está haciendo) está mal”, dijo ayer en una entrevista televisiva.

La máxima autoridad de la Fiscalía avisó que entre las nuevas solicitudes que hará a la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra el uso más recurrente de herramientas criminológicas para combatir a estructuras delincuenciales, además del nombramiento de un coordinador nacional contra las extorsiones.

“Ha aumentado el tema de las denuncias (de extorsión) en 6 %. La Policía y Fiscalía necesitamos sentarnos, no solo en extorsión, sino en homicidios. Hay algo que no estamos haciendo bien; hay que cambiar las estrategias... Quiero pedirle al director de la Policía que tiene que mejorar sus oficinas de investigación. Han venido bajando los recursos, muchos investigadores han migrado y no hay fortalecimiento”, afirmó.

El funcionario enfatizó que la Fiscalía “no ve como logro” el aumento de más del 20 % de asesinados en enfrentamientos.

Meléndez afirmó ayer que, si bien ha habido disminuciones considerables respecto a 2015 en rubros como homicidios, ataques a policías y custodios de centros penales, homicidios de estudiantes, asesinatos vinculados a pandillas, se ha reportado un alza considerable en la recepción de denuncias de extorsiones, la inclusión de menores en actividades relacionadas con la extorsión y agresiones sexuales, amenazas, lesiones, entre otros.

Meléndez informó que este año la Fiscalía ha determinado orientar su trabajo hacia el combate contra el “top 20” de delitos que “están dañando a la población”; entre los que se encuentran amenazas, hurtos, robos, homicidios, extorsiones y otros.

“Entre los primeros delitos que tienen mayor incidencia están los homicidios, extorsiones, hurto, robo... Esas categorías son las que están dañando a la población. La Fiscalía no estaba atacando esos delitos”, afirmó el funcionario.

El fiscal reiteró que para poder desarrollar sus planes de trabajo de este año necesita recursos adicionales a los estipulados en el presupuesto de la institución para 2017, que ya registra un crecimiento de $4.3 millones respecto al de 2016. Según el jefe fiscal, los $68 millones que se encuentran en estudio en la Asamblea Legislativa únicamente le permitirían trabajar cinco meses; no obstante, señaló que buscará financiamiento de la cooperación internacional para seguir sus labores.

De la DAN a la cárcel

El fiscal general anunció ayer que la institución pedirá esta semana a todos los jueces que tienen imputados en las bartolinas de la Dirección Antinarcóticos (DAN) de la PNC que estos sean enviados a centros penales mientras los juzgados realizan un estudio de cada uno de los perfiles para ver si es necesario o no que permanezcan en la DAN.

Esta medida se da luego de la polémica generada porque el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla envió a prisión provisional a los cuatro imputados en el caso de los clientes de la red de trata, y tres de ellos fueron dirigidos hacia el penal La Esperanza, conocido como Mariona; mientras que el familiar de empresarios Ernesto Regalado fue trasladado a las bartolinas de la DAN nuevamente, ya que el juez certificó que era una persona de “alto riesgo”.

“De hecho, esas declaratorias de alto riesgo las buscan por temas de amenazas, o simplemente porque las personas quieren conseguir armas largas. Eso es lo que hay que revisar: si esa persona coincide legalmente que esté en la DAN o no”, opinó Meléndez.

La Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial no presenta en su articulado ninguna garantía sobre cómo procesar a una persona que está sometida a dicho régimen.

El director de Centros Penales, Rodil Hernández, afirmó que aunque la capacidad de las cárceles está sobrepasada desde hace mucho tiempo, si los jueces deciden mover a los imputados que se alojan en la DAN, se deberá velar por que se cumplan las garantías de los detenidos.

“A Centros Penales solo puede ingresar una persona por orden judicial; es decir, si el juez no resuelve que sea enviado a un centro penal, ninguna otra autoridad es competente para esto... Estamos sobrepasados, pero si el juez ordena, Centros Penales tendrá que hacer que se cumpla la detención provisional con las garantías de seguridad”, dijo Hernández.

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