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Fiscal pide se declare ilegal alargar período para alcaldes y diputados

Diputados critican opiniones en contra de la prolongación de los períodos. Reiteran argumentos de ahorro y gobernabilidad. Para el fiscal general, no ha habido una correcta divulgación de la reforma.
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Un período de cuatro años.  Si la reforma se ratifica, habría un período especial de cuatro años que sería el 2018-2022. En adelante, los períodos serían de cinco años.

Un período de cuatro años. Si la reforma se ratifica, habría un período especial de cuatro años que sería el 2018-2022. En adelante, los períodos serían de cinco años.

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El proceso legislativo para la reforma constitucional de ampliar el período de alcaldes y diputados de tres a cinco años es ilegal, asegura el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, a quien la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió opinión dentro del estudio de inconstitucionalidad que se hace sobre una demanda contra esa reforma.

El fiscal general considera que los diputados de la Asamblea Legislativa transgredieron dos etapas del proceso de reforma constitucional: en primer lugar, no se concedió el intervalo de tiempo necesario para que la población se informara sobre esa enmienda a la Constitución de la República en materia electoral.

En segundo lugar, tampoco los electores tuvieron oportunidad de pronunciarse con sus votos el 1.º de marzo de 2015 sobre la ratificación que busca la legislatura 2015-2018, ya que la primera aprobación de esa reforma, con mayoría simple de la legislatura 2012-2015, se hizo hasta abril de 2015, es decir, luego de que la actual legislatura había sido elegida.

“Os pido declaréis en sentencia definitiva ha lugar la pretensión de inconstitucionalidad del acuerdo de reforma constitucional, en virtud de las razones y disposiciones expuestas en la presente opinión”, escribió el fiscal general Meléndez a la sala.

El jueves 23 de abril de 2015, a siete días de finalizar la legislatura 2012-2015, 74 legisladores de todos los grupos parlamentarios aprobaron una reforma constitucional para ampliar los períodos de alcaldes y diputados de tres a cinco años. La reforma tenía como finalidad, según los diputados, evitar la cercanía entre eventos electorales, por lo que habría un beneficio en cuanto a ahorro de fondos públicos y en cuanto a gobernabilidad, especialmente para los concejos municipales.

Para que la reforma constitucional fuera validada, la siguiente legislatura, la 2015-2018, que es la actual, necesitaba ratificarla con un mínimo de 56 votos o lo que se conoce como mayoría calificada.

Fue así como en julio de 2016, la comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa logró un dictamen para dar una ratificación a la reforma para darle vigencia.

El mismo día en que el pleno legislativo se iba a disponer a ratificar la enmienda, los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaron una medida cautelar consistente en la suspensión del proceso. Los diputados ya no pudieron ratificar la reforma.

La sala estableció la suspensión de la medida para estudiar la demanda de inconstitucionalidad.

Para el representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Roberto Burgos, la medida de la sala fue atinada. Además, Burgos cree que la reforma es inconstitucional por las razones expuestas por la parte demandante.

Sin embargo, también anota que si la intención es el ahorro de los fondos públicos al no hacer elecciones cada tres años, sino cinco, los diputados y los políticos en general deberían buscar antes cómo mejorar la rendición de cuentas y desarrollar verdaderos planes de austeridad en el Estado.

Diputados de la comisión de reformas electorales de ARENA, FMLN y PCN no creen que la opinión del fiscal general tenga un buen fundamento.

Julio Fabián (ARENA), Jackeline Rivera (FMLN) y Mario Ponce (PCN), tras conocer la opinión del fiscal general, aseguraron que la Constitución de la República establece que cada legislatura tiene un período exacto de tres años y que las reformas y leyes promulgadas en esos mismos tres años tienen total validez, incluso si se aprueban en el último día y horas antes de finalizar el período. Por otra parte, opinaron que la Constitución de la República no especifica con literalidad que con cada reforma constitucional que se promueva en el interior del congreso se deba hacer una consulta popular.

El fiscal general apuntó dentro de sus argumentos que podría haber problemas con la reforma, en el sentido de que si los funcionarios de segundo grado se mantienen con períodos de tres años, la Asamblea Legislativa podría elegir en dos ocasiones esos cargos en una misma legislatura, lo que es inconstitucional.

Fabián, Rivera y Ponce indicaron que ya se tenía programado primero hacer la ampliación de diputados y alcaldes y proseguir con los casos para funcionarios de segundo grado.

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