Fiscal reactiva pesquisas contra Salazar Umaña

El fiscal general dijo que la administración de Luis Martínez detuvo la investigación contra el empresario designado como capo de la droga por Estados Unidos y que no investigó el crimen organizado.
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La administración de Luis Antonio Martínez detuvo la investigación contra José Adán Salazar Umaña, conocido con el alias de “Chepe Diablo” y la engavetó; pese a que Salazar Umaña es el único salvadoreño designado como capo internacional del narcotráfico en toda la historia criminal del país.

Douglas Meléndez, fiscal general de la República, explicó así el por qué ha decidido reactivar la investigación contra el empresario hotelero y de quien recientemente ha trascendido la relación comercial que estableció en 2000 con el actual vicepresidente de la República, Óscar Samuel Ortiz, al montar una sociedad anónima.

“Lamentablemente me he encontrado en la Fiscalía General de la República una situación precaria de investigaciones. Precaria en relación con temas de corrupción, también de crimen organizado, en relación con, por qué no decirlo, tráfico de drogas, en relación también a lavado”, señaló el funcionario ayer.

Meléndez añadió: “Pareciera, por lo que he encontrado, pocas investigaciones o investigaciones de poca monta; pareciera que en nuestro país no ha existido en años anteriores ese tipo de crímenes”.

A raíz de ello, justificó Meléndez, es que ha reabierto investigaciones o, incluso, ha abierto nuevas. Una de las que retomó es, precisamente, las pesquisas que se llevaban contra Salazar Umaña.

“Algunas investigaciones, que no sé por qué habían sido detenidas, las hemos retomado, en ese sentido hemos reabierto y retomado algunas investigaciones, que se tenían retenidas o estaban de alguna manera engavetadas”, dijo el fiscal Meléndez.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó en abril de 2014 a Salazar Umaña de evadir impuestos por más de $1 millón durante 2010 y 2011. Pocas semanas después, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo incluyó en la lista de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Kingipin Act en inglés. Esto implicaba que Salazar Umaña era desde ese momento considerado como un capo internacional.

La designación, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluye la prohibición para cualquier persona natural y jurídica de efectuar negocios con Salazar Umaña, o sus empresas. Una de ellas funciona bajo el nombre Hotesa, S. A. de C. V., compañía que es propietaria de seis hoteles.

En años anteriores, además, Salazar Umaña fue socio de una de las empresas del actual alcalde de Metapán (Santa Ana), Juan Umaña; y su hijo, Wilfredo Guerra. Ambos también fueron acusados por evasión de impuestos en abril de 2014. Ellos, sin embargo, pagaron inmediatamente y finalizaron el proceso el día de la audiencia inicial.

En agosto de 2014, Salazar Umaña finalizó el pago de los impuestos evadidos y no volvió a ser perseguido penalmente en El Salvador. El fiscal Meléndez fue específico y dijo que la investigación contra Umaña había sido “cortada de tajo” por el anterior fiscal general de la República, Luis Martínez.

Edificio de la FGR

Este periódico publicó ayer acerca de la existencia de la sociedad Desarrollos Montecristo, S. A. de C. V., en la que entre los principales accionistas fungen el empresario hotelero Rogelio Cervantes Aguirre, Salazar Umaña y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. La sociedad nunca fue cancelada y efectuó una compraventa de un lote con el vicepresidente en 2010. Ortiz, sin embargo, negó reiteradamente en una entrevista con este periódico –y publicada ayer también– que la empresa haya estado activa. No supo explicar, no obstante, las compras efectuadas de los terrenos. Ayer, además, el vicepresidente repitió, en contradicción con lo que consta en el Centro Nacional de Registros (CNR), que la empresa estaba “cancelada” desde 2001.

El funcionario no explicó, por ejemplo, que fue él mismo como secretario de la sociedad que certificó que Desarrollos Montecristo, S. A. de C. V. estaba activa en 2010 y, debido a ello, podía venderle un lote ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. La empresa, además, no tuvo más actividad comercial que la compra de tres lotes en Tecoluca, en zona costera. Los tres inmuebles fueron adquiridos por el vicepresidente Ortiz en diferentes fechas, entre 2000 y 2010.

“Con relación al señor vicepresidente hasta el momento no tenemos ninguna investigación en contra de él. Pero las investigaciones son abiertas y ahí es donde surge la situación”, dijo el fiscal Meléndez.

El funcionario agregó: “En este caso concreto me gustaría hablar transparentemente. De las personas que se mencionan en la sociedad, una de ellas, por ejemplo, el señor Cervantes es propietario de uno de los edificios que alquila la Fiscalía”.

Uno de los hoteles propiedad de Cervantes está, precisamente, a pocas cuadras de la sede central de la FGR, en el sector de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Meléndez añadió que el contrato de arrendamiento se originó en 2010 y fue renovado por el exfiscal Martínez mientras estuvo en el cargo.

El fiscal Meléndez dijo que tal afirmación no implicaba que exista una pesquisa abierta contra Cervantes. “Me estoy adelantando para que no se vaya a decir que nosotros estamos ocultando información”, declaró el jefe del ministerio público.

Este periódico buscó ayer una entrevista con Cervantes. En una de sus oficinas se informó que el empresario no estaba. Aunque se dejaron números de contacto, Cervantes no contestó.

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