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Fiscales en caso Mozote no avisaron que pedirían separación del juez Jorge Guzmán y serán investigados, dice Fiscalía

Los fiscales recusaron al juez porque, a su juicio, el proceso penal debe ser realizado bajo el Código Procesal Penal de 1973, vigente al momento de la masacre, y no con el actual, que data del año 2011 y al que el juzgador estaría dando prioridad.

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Fiscales en caso Mozote no avisaron que pedirían separación del juez Jorge Guzmán y serán investigados, dice Fiscalía. Foto: archivo

Fiscales en caso Mozote no avisaron que pedirían separación del juez Jorge Guzmán y serán investigados, dice Fiscalía. Foto: archivo

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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador anunció este miércoles que auditará las actuaciones de los fiscales que solicitaron separar al juez instructor Jorge Guzmán del proceso penal por la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981).

"Sobre la recusación del juez asignado al caso de El Mozote, siendo que la unidad correspondiente no informó previamente sobre dicha petición, se ha abierto un proceso de auditoría con el fin de investigar la actuación de los fiscales", indicó la fuente en un comunicado.

Efe tuvo acceso al escrito emitido el 23 de febrero pasado, en el que los fiscales del caso actúan como "auxiliares" del fiscal general, Raúl Melara, y piden revocar el nombramiento de una perito, además de pedir que una corte de apelaciones recuse a Guzmán.

Los fiscales recusaron al juez porque, a su juicio, el proceso penal debe ser realizado bajo el Código Procesal Penal de 1973, vigente al momento de la masacre, y no con el actual, que data del año 2011 y al que el juzgador estaría dando prioridad.

"En repetidas ocasiones el señor juez de instrucción de San Francisco Gotera ha expresado en las diferentes audiencias a las partes que no comparte la aplicación del Código Procesal Penal de 1973-1974 por considerarlo atentatorio al principio del debido proceso", indica el documento.

Las víctimas de la masacre, considerada como el peor ataque contra civiles perpetrado por un ejército en Latinoamérica, son representadas en el proceso por los abogados de las organizaciones Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández.

Para David Morales, abogado de Cristosal, la petición de la Fiscalía tiene "inconsistencias e incoherencias de legalidad".

Apuntó que si la corte de apelaciones da luz verde a la recusación se "generaría un daño a la búsqueda de la Justicia, (...) en momentos en se está cerrando la instrucción" antes de que se pueda elevar a juicio.

"Hemos hecho un llamado al señor fiscal general, Raúl Melara, a que revise y corrija esta actuación", subrayó Morales.

El juez Guzmán ordenó la reapertura del proceso en septiembre de 2016 tras la anulación de una ley de amnistía, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de mandos militares retirados a crímenes de lesa humanidad y encabezó el intento de inspeccionar archivos del Ejército, acción que los uniformados bloquearon con apoyo del Gobierno de Nayib Bukele.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.

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