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Fiscalía judicializa caso Sigfrido Reyes

El expresidente de la Asamblea Legislativa es prófugo. Ayer fueron presentadas 10 personas de la presunta red de corrupción señalada de lavar $6 millones y que Reyes lideró. FGR dice que cuenta con más 32,000 folios con pruebas.
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Audiencia.  La audiencia inicial contra los imputados ha sido programada para el lunes por la mañana.

Audiencia. La audiencia inicial contra los imputados ha sido programada para el lunes por la mañana.

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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer, en el Juzgado 11o. de Paz de San Salvador, al expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Molina, y a 13 personas más señaladas de lavar $6 millones. Los fiscales anticorrupción presentaron en el juzgado un documento de acusación de más de 2,000 páginas y más de 32,000 folios con pruebas.

Reyes, a quien se le atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, peculado y estafa agravada, es prófugo desde el pasado jueves, día en el que las autoridades capturaron a las 10 personas que este sábado fueron remitidas al juzgado y quienes, según las investigaciones, formaban parte de la estructura liderada por el exfuncionario del partido FMLN.

Entre los capturados está la esposa de Reyes, Susy Melba Rodríguez Hernández, acusada de lavado de dinero, tres colaboradores de la Corte de Cuentas de la República (CCR), y otros tres colaboradores del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

German Arriaza, el fiscal que dirige Anticorrupción y Unidades Especializadas de la FGR, explicó ayer que la estructura realizó diferentes modalidades de lavado de dinero y activos. Una de ellas inició en el año 2013, cuando el acusado Manuel Antonio Bercián Castro adquirió, por $80,000, 11 lotes ubicados en Sonsonate por medio de la sociedad EKO LIME S.A. de C.V., de la que Reyes; su hermano, Earle René Reyes Morales; y el exasesor legislativo del exfuncionario, Byron Enrique Larrázabal Arévalo, eran socios. Sin embargo, según las investigaciones, tres años después, estos terrenos regresaron por la misma cantidad a uno de los hijos de Bercián Castro.

Otro de los hechos incorporados al proceso es la compra de cinco lotes que realizó la sociedad TERREIN S.A. de C.V. -propiedad del exdiputado efemelenista y su exasesor- al IPSFA, por $440,501.01., cuando ya una auditoría de la CCR estableció que, de acuerdo con el precio real de los inmuebles, hubo una rebaja no justificada de $105,348.86 por todos los inmuebles. "Estafaron al Estado, dado que el equipo técnico de esa institución emitía opiniones en el sentido que los lotes, especialmente, no podían o no estaban aptos para construcción", dijo Arriaza.

Por esta irregularidad han sido detenidos la jefa del Departamento de Inmuebles del IPSFA, Delmy Beatriz Vela Jiménez; René Antonio Díaz Argueta, gerente general de la institución; y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina Ramírez, coordinadora de ventas del Departamento de Inmuebles del IPSFA.

En 2015, la CCR emitió un informe de auditoría en el que indicó que no hubo ninguna anomalía en estas compras. Sin embargo, en noviembre del año pasado, otro informe que la institución contralora remitió a la FGR señalaba el favorecimiento del IPSFA a Reyes y su exsocio. Fue tras este informe que surgió la investigación fiscal, de acuerdo a lo que dijo el pasado viernes el fiscal general, Raúl Melara, quien no descartó que haya otras personas investigadas.

La actual presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas, dejó entrever en una entrevista televisiva, la noche del viernes, que aunque la primera auditoría no mostró irregularidades, sí las había. Y que por esto tres colaboradores de la institución están detenidos. Se trata de Noemí Candelaria Rodríguez de Carillo, a quien se le acusa de falsedad documental agravada, porque la Fiscalía sostiene que ella modificó documentos para establecer que no había irregularidades en las compras de los terrenos del IPSFA.

A Rodríguez de Carrillo también se le suma el delito de incumplimiento de deberes, el mismo por el cual son procesados los auditores de la institución contralora, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Sobre el delito de peculado, Arriaza reiteró ayer que este ocurrió cuando Reyes desvió $106,000 de la Asamblea Legislativa, en unos 56 viajes. Los viajes eran misiones oficiales que estaban programadas para tres días, pero a veces se prolongaban hasta por 10 días y el exfuncionario tomaba dinero en conceptos de viáticos.

La FGR dice que, para tomar estos fondos, el imputado realizó modificaciones al reglamento de la Asamblea.

Reyes, cuyo último cargo público fue la presidencia del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), salió del país el pasado 22 de noviembre, según información fiscal. El último destino que las autoridades registraron fue en Francia, pero Arriaza dijo el viernes que especulan que puede estar en algún país europeo, como Rusia.

El exfuncionario y su partido, el FMLN, han tachado el proceso de persecución política. El partido, incluso, publicó un comunicado, el pasado viernes, en el que decía que la esposa de Reyes había sido detenida "utilizando un procedimiento violento y en contra de sus derechos humanos fundamentales". Además, dijo que el caso "se suma a una serie de acciones de persecución política en contra de la militancia".

Hasta ayer no había novedades sobre Reyes. Tampoco de los demás acusados prófugos: Larrazábal Arévalo, Earle René y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente del exdiputado. La audiencia para los 10 acusados presentes será mañana las 8:30 a.m.

Tags:

  • Sigfrido Reyes
  • Lavado de dinero

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