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Fiscalía: Llamadas por teléfono ligan a policías y militares con asesinatos

Fiscalía intervino llamadas en las que militares y policías planificaban asesinatos de pandilleros y personas civiles. Investigaciones vinculan a dos estructuras de exterminio y sicariato en ocho homicidios. Fiscales dicen que aún no establecen cuánto cobraban imputados por matar.

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Silencio.  Los policías y militares vinculados en asesinatos optaron por no hablar frente a la prensa tras ser puestos a la disposición de un juzgado especializado.

Silencio. Los policías y militares vinculados en asesinatos optaron por no hablar frente a la prensa tras ser puestos a la disposición de un juzgado especializado.

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Grabaciones de llamadas telefónicas intervenidas son las principales pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) para intentar demostrar que ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres militares se asociaron con civiles para delinquir. Los vinculan con grupos de exterminio de pandilleros y asesinatos a cambio de dinero.

La Fiscalía llevó las pruebas ayer como parte de las dos acusaciones que presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador contra 43 imputados, de quienes solo 31 están detenidos y el resto no ha sido capturado. Las investigaciones los señalan de cometer los delitos de agrupaciones ilícitas, ocho homicidios agravados, 20 conspiraciones en homicidios agravados, 12 homicidios agravados tentados, encubrimiento, cohecho (soborno) y tenencia ilegal de arma.

Las indagaciones de la FGR sostienen que los miembros de la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) crearon dos grupos diferentes con personas civiles para identificar a posibles pandilleros y asesinarlos. Aunque los grupos armados no solo asesinaban a supuestos delincuentes: también mataron por encargo y a cambio de dinero, explicó ayer un fiscal de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio. Para las autoridades el agravante de los delitos es que los cometieron agentes de seguridad.

La tesis fiscal es que los imputados civiles se encargaban de "detectar" a los pandilleros para que los policías y militares los ejecutaran. Las otras actividades que hacían eran planificar la logística, dar transporte, ocultar las armas e incluso participar directamente en los asesinatos, detalló un investigador encargado del proceso, que no se identificó.

"En los casos de exterminio, bastaba con ubicar a una víctima y tener indicios de que pertenecía a estructuras criminales para poder quitarle la vida. En los casos de sicariato, era gente de la sociedad civil que los contactaba y que tenían conocimiento de cómo funcionaban ellos, les daban cantidades de dinero para matar a una persona que no necesariamente era pandillero", dijo ayer un fiscal antipandillas, bajo el anonimato.

La Fiscalía asegura que tiene llamadas telefónicas de los policías y militares cuando planeaban los asesinatos, entre el 22 de febrero y el 22 de noviembre de 2019. Las investigaciones permitieron que el ministerio público ordenara la captura de 43 involucrados en las dos agrupaciones; la mayoría fue detenida el jueves 23 de enero en dos operativos simultáneos en La Paz, Ahuachapán, Santa Ana, La Libertad y San Salvador.

"Todos los casos que nosotros estamos fundamentando fueron escuchados (en las llamadas intervenidas). En algunos casos se lograron avisar a las víctimas, se les salvó la vida; pero hubo otros casos en los que lamentablemente las víctimas sí fueron ejecutadas", agregó otro de los fiscales designados al caso, que también solicitó el anonimato.

Los investigadores señalan que la forma de operar de los grupos era simular operativos, donde llegaban a las casas de las víctimas vestidos como policías y militares, tocaban o botaban la puerta, ubicaban a los objetivos y luego los asesinaban.

El grupo de exterminio estaría vinculado con el ataque armado contra pasajeros de un autobús de transporte privado el 18 de octubre pasado en el municipio de San Pedro Masahuat, La Paz. Ese atentado dejó a un supuesto pandillero fallecido, que era el objetivo del ataque, y 10 lesionados, agregó el fiscal.

Algunos policías capturados son el inspector jefe Regis Omar Joachín Sánchez y los agentes José Dagoberto Vásquez García, José Mario Alvarado Erazo y José Saúl García Ayala. Los dos últimos solo fueron notificados de los nuevos cargos por este caso en el centro penal de Metapán (departamento de Santa Ana), donde ya guardaban prisión por otros delitos.

Los tres militares involucrados en las investigaciones fiscales fueron identificados como Juan Carlos Orellana Álvarez, Abdiel de Jesús Estrada Vásquez y René Alonso Morán Fabián.

Los voceros de la unidad antipandillas de la Fiscalía detallaron que las agrupaciones cometieron los delitos en municipios de La Paz, Sonsonate y La Libertad.

Fiscalía pide prisión

Los fiscales presentaron ayer dos acusaciones por separado: una contra 10 imputados, entre ellos tres agentes; y la segunda contra 33, incluidos cinco policías y tres militares.

Un vocero del Centro Judicial Isidro Menéndez dijo que la audiencia por el primer caso será el próximo lunes en el Juzgado Especializado de Instrucción A, mientras que el otro proceso va a estar a cargo del Juzgado Especializado de Instrucción C, que todavía no define fecha de audiencia.

Los fiscales explicaron que solicitaron al juzgado que en las audiencias los dos procesos pasen a la etapa designada para ampliación de pruebas, denominada Instrucción, y que ordene que en ese periodo 30 imputados presentes vayan a prisión provisional y uno permanezca con medidas alternas a la cárcel. Y pidieron que autoricen la captura de los 12 prófugos.

Una de las intenciones de los fiscales en la etapa de Instrucción es determinar el monto que ganaban los agentes de seguridad por el sicariato. "No se lograron determinar las cantidades en la intervención (de llamadas), solo se hablaba de dinero, pero no de cantidad. Hasta el momento la investigación se mantiene abierta, posiblemente puedan resultar relacionadas otras personas", dijo el fiscal antipandillas.

Los agentes policiales acusados no quisieron hablar sobre las investigaciones en su contra. Dos imputados civiles, identificados como Angélica Cornejo y Wilfredo Coreas, dijeron que no entienden por qué las autoridades los acusan debido a que ellos se consideran "víctimas" de las pandillas, no delincuentes.

"Acá habemos (sic) personas trabajadoras, que no tenemos ningún antecedente. Las autoridades en muchas ocasiones no logran agarrar a los verdaderos culpables y montan un show", criticó Cornejo.

El abogado Rafael Vásquez señaló que dos de sus defendidos, a quienes no quiso identificar, no cometieron delitos. "Según lo presentado en el requerimiento, no tiene ningún fundamento la detención de mis defendidos", aseguró.

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