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Fiscalía abogó por excúpula de PNC y un juez procesado

Durán no cursó el tratamiento y análisis de información establecidos por el Centro de Inteligencia Policial. Aseguran que información sobre cartel de Texis fue tergiversada.
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La Fiscalía General de la República (FGR) logró llevar a juicio por el delito de Revelación de hechos, Actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, al exjefe de la Unidad de Crimen Organizado Jorge Ovidio Cornejo Durán, al exsubjefe del Centro de Investigación Policial Jaime Orlando Díaz Rodríguez Sandoval, al exjefe de la Región Central de Inteligencia Mercedes Antonio García Sánchez, y al exjefe de la Región Occidental de Inteligencia Miguel Ángel Durán Artero.

La Fiscalía vincula a estas personas con la filtración de información en 2009, referente a los informes de inteligencia denominados “El Cartel de Texis o Caminito” y “Ruta del Norte”. En el marco del proceso de investigación, la Fiscalía tomó la denuncia de 14 personas que de acuerdo con información divulgada en internet los vinculó con una red de policías, empresarios, políticos y jueces, que supuestamente cooperaban para impulsar el narcotráfico.

Entre las personas que la Fiscalía presenta como “ofendidos” se encuentran policías de alto rango como Douglas Omar García Funes, Héctor Raimundo Mendoza Cordero, Luis Tobar PRieto, Óscar Antonio Aguilar Hernández, Fritz Gerard Dennery Martínez, Zoila Corina Palma, Leonel Oswaldo Rivera Lico, Víctor Manuel Rodríguez Peraza, Wilfredo de Jesús Avelenda Echeverría, Godofredo Miranda, Marta Lilian Recinos Monge y el expolicía Óscar Armando Peña Durán. Además la jueza América Lorena Rodríguez de Iraheta y el exjuez Romeo Aurora Giammattei.

De esta lista de funcionarios, los dos jueces han sido señalados en casos de corrupción: Rodríguez fue vinculada por un testigo en el caso de Jorge Ulloa Sibrián, alias “Repollo”, por presuntamente solicitar dinero para favorecer a delincuentes; y Giammattei está siendo procesado actualmente por estar vinculado a la red de corrupción dirigida por el empresario Enrique Rais y el ex fiscal general Luis Martínez. Giammatei, además, fue destituido este año por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por trabajar en una empresa mientras era juez.

Miembros de la PNC que ahora la Fiscalía ha mostrado como “ofendidos” fueron investigados en su momento por supuestos ilícitos por la exinspectora de la PNC Zaira Navas. Tal es el caso del exdirector de la DAN Godofredo Miranda, a quien se le vinculó con la banda de narcotraficantes llamada Los Perrones, o García Funes, quien fue investigado por presuntamente ocultar explosivos dentro de la PNC.

Además, los oficiales García Funes, Avelenda, Miranda y Peña Durán fueron parte de los militares de baja favorecidos por el Acuerdo Ejecutivo número 221, que extendió el expresidente Alfredo Cristiani para incluir a miembros del ejército en las filas de una naciente PNC en 1994, incorporación que contrariaba los Acuerdos de Paz de 1992.

Para determinar que estas personas no estaban vinculadas a la red de narcotráfico difundida, la FGR presentó seis documentos en los que diferentes jefes Fiscales, entre ellos el actualmente procesado Julio Arriaza, exponían argumentos. Arriaza, en su calidad de director de la Defensa de los Intereses de la Sociedad, apuntó que en ese momento no existía una investigación fiscal en la que estuvieran involucradas las “personas ofendidas”.

La Fiscalía apunta en el dictamen de acusación contra los exoficiales de Inteligencia –a partir de un testimonio–, que la información publicada no debía haberse difundido pues, al no haberse conducido por los filtros institucionales, esta no había sido enviada a Fiscalía: es decir, no permitió que se iniciaran investigaciones formales.

No obstante, en los reportes fiscales consta que la FGR encontró que algunos de los ofendidos tenían antecedentes en investigaciones por delitos menores, tales como el exjefe de la Unidad Antisecuestros y exdirector de la PNC José Luis Tobar, y el comisionado Rodríguez Peraza, quienes fueron imputados por el delito de lesiones, en dos casos que se encuentran “archivados definitivamente”. Además, la Fiscalía reportó que el jefe del Batallón Antipandillas, Óscar Antonio Aguilar, también tiene un caso archivado definitivamente, en el que se le investigó por lesiones culposas. Los investigadores también reportaron que el militar Óscar Peña Durán está siendo investigado por un caso de extorsión.

Monopolio informativo

La Fiscalía señaló en la investigación del caso que el otrora jefe del Centro de Inteligencia Policial (CIP) en 2009, Raúl Ernesto Anzora, le comentó en su momento al jefe de la Dirección de Análisis Napoleón Ayala, que “estaba un noventa por ciento seguro que quien filtró la información” referente al Cartel de Texis a un medio digital fue Ovidio Cornejo Durán.

Según el relato, Cornejo Durán tuvo acceso a la información de dicho caso entre 2008 y 2009, cuando las Unidades Regionales de Inteligencia pasaron algunos datos al respecto. El caso eran conocido entonces como “el Pulpo”, y se refería a la forma de operar del narcotráfico en la zona occidental y norte del país.

La información fue elaborada por los entonces jefes de la Región Central y Occidental de Inteligencia, Mercedes Antonio García y Miguel Ángel Artero, respectivamente, quienes a partir de 2009 empezaron a trasladar la información exclusivamente a Cornejo Durán y a Díaz Rodríguez.

Según un testigo, los imputados empezaron a trabajar sin cursar “el proceso de tratamiento y análisis de la información” que determina el destino final de la misma, al grado que a su retiro en 2012 no dejaron registro alguno del trabajo realizado, más allá de una página de papel bond en la que Díaz Rodríguez enlistó los casos en que estaba trabajando, según la acusación de la Fiscalía contra los exoficiales.

Aunque la Fiscalía no apunta sobre los intereses con los que Cornejo Durán y Díaz Rodríguez movieron la información, sí aceptan que el Departamento de Inteligencia Estratégica realizó un primer informe sobre el cartel de Texis, el cual fue del conocimiento de los dos imputados y que además aseguran fue “tergiversado”, pues fue alterada en al menos un “treinta por ciento” por el medio digital que lo publicó, aunque tampoco especifican cómo.

El relato fiscal muestra cómo algunos empleados tuvieron acceso a información de Cornejo Durán y Díaz Rodríguez, en la que se vinculaban a funcionarios y empresarios al narcotráfico, la cual fue encontrada posteriormente en algunas computadoras.

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