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Fiscalía abre expediente en El Salvador por el caso de La Línea

La Fiscalía no ha brindado más detalles acerca de tal expediente. Sin embargo, el exsecretario privado de la vicepresidencia de Guatemala Juan Carlos Monzón tuvo un socio salvadoreño en una de sus sociedades.
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Nueve años antes de que Juan Carlos Monzón Rojas, el exsecretario privado de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, fuera señalado como uno de los cabecillas de la estructura de defraudación aduanera La Línea en Guatemala, se alió con una sociedad anónima salvadoreña para fundar una de sus empresas que actualmente está cuestionada en un proceso judicial por delitos de corrupción en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B, en Guatemala.

Su socio es un empresario del rubro deportivo llamado Roberto Pablo Sánchez Poiencot, quien es uno de los accionistas de la sociedad anónima salvadoreña SANALPO, entidad jurídica que formó parte de la fundación de Canchas Deportivas de Guatemala, en 2006, propiedad de Monzón.

Ayer, cerca de las 7 de la noche, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó a través de su cuenta oficial de Twitter que han abierto un expediente de investigación contra la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti y el expresidente Otto Pérez, ambos considerados por el Ministerio Público (MP) de Guatemala como los máximos cabecillas de La Línea. El expediente, informaron, ha sido abierto por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), una dependencia de la FGR.

El fiscal general, Luis Martínez, al ser consultado al respecto comentó: “Se ha iniciado investigación fiscal por lavado de dinero y girado instrucciones de coordinar con fiscales de Guatemala para compartir investigaciones e informaciones”.

Martínez, además, dijo que cuenta con cooperación de fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó al fiscal general cuáles eran los indicios de vínculos del caso en El Salvador, Martínez contestó: “Establecer hechos y para ello se trabajará en coordinación de equipo de fiscales salvadoreños y guatemaltecos”.

Monzón fungió como secretario privado de Baldetti y estuvo prófugo durante cuatro meses, hasta el pasado 5 de octubre, cuando se entregó al juzgado que lleva el proceso de La Línea.

Ambos están acusados de defraudar al Estado guatemalteco a través del sistema de cobros aduanales a empresas que importaban mercaderías varias.

Según el MP de Guatemala, la corrupción alcanzó a distintos niveles de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como una estructura externa de agentes aduaneros que repartían sobornos a funcionarios a cambio de pagar menos impuestos.

Además del Ministerio Público, la investigación ha sido impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El efecto más contundente ha sido la renuncia primero de Baldetti a la vicepresidencia y luego de Otto Pérez Molina a la presidencia de Guatemala.

Casi 40 funcionarios guatemaltecos han sido vinculados con esta red de defraudación aduanera.

Desde abril pasado el Ministerio Público (MP) y la CICIG han desmantelado una decena de casos de corrupción, entre ellos La Línea, que mantiene en prisión preventiva al expresidente y a su exvicepresidenta, acusados de ser los presuntos líderes de esa organización que defraudó al Estado más de 28.5 millones de quetzales ($3.7 millones).

El MP y la CICIG han explicado que el funcionamiento de La Línea implicaba que los empresarios importadores pagaban únicamente 40% de los impuestos correspondientes al Estado guatemalteco, ya que 30 % era la reducción negociada, 30 % implicaba el soborno pagado a La Línea y el restante 40 % lo que ingresaba.

La CICIG se estableció en Guatemala en 2007 luego de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas con el fin de contribuir a desmantelar los grupos paralelos de seguridad que operan en el país .

Ayer, autoridades religiosas, académicas y de Derechos Humanos de Guatemala integrantes del llamado Grupo de los Cuatro (G-4) planteó la necesidad de que la CICIG permanezca en el país más allá de 2017.

Según el G-4 (integrado por el arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian; el presidente de la Alianza Evangélica, César Vásquez; el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León; y el rector de la Universidad de San Carlos), también se debe gestionar ante la ONU que el colombiano Iván Velásquez continúe al frente de la CICIG.

Los integrantes del G-4 hicieron un llamado al candidato presidencial que resulte vencedor en las elecciones de segunda vuelta del próximo 25 de octubre a que se comprometa a solicitar a la ONU prolongar el mandato de la CICIG y la continuidad del jurista colombiano al frente de la misma.

El lunes pasado, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal guatemalteco denegó el amparo provisional solicitado por el exmandatario con el que pretendía dejar sin efecto la resolución judicial que lo tiene en prisión preventiva, acusado de tres delitos, desde el pasado 3 de septiembre.

Conexión salvadoreña

El rotativo El Periódico, de Guatemala, publicó el pasado lunes un reportaje bajo el nombre “Una biopsia a la laptop de Eco”, en referencia a Salvador Estuardo González, alias “Eco”, quien sugirió a la exvicepresidenta Baldetti cubrir una transacción, para comprar dos empresas de comunicación, a través de empresas salvadoreñas.

González está considerado por el MP como otro de los cabecillas de La Línea y, de hecho, tuvo contacto directo con Baldetti y Pérez.

A finales de septiembre pasado, “Eco” declaró durante dos días acerca de su participación en la estructura de defraudación aduanera y aseguró que fue contratado para “hacer operativas” varias empresas de Baldetti: algunas bajo nombre de la exfuncionaria y otras no.

“Eco” declaró que su administración incluyó la empresa Corporación de Noticias S. A., propietaria del periódico Siglo XXI y del Noticiero Al Día.

Tanto fuentes allegadas a la investigación del caso La Línea, como fuentes periodísticas, aseguran que el rumor de capital salvadoreño involucrado en la adquisición de ambos medios de comunicación guatemaltecos rondó el ambiente público desde 2012.

El pasado lunes, El Periódico publicó que había tenido acceso a documentación contenida en la computadora personal de González.

“Para el día lunes 30 a las 16 horas está programada la reunión con E.B. para conversar sobre el tema de la venta de su participación y crear la mecánica de dicha operación. Es urgente e importante se documente la compra venta de acciones a la sociedad salvadoreña y que sea esta la accionista, en lugar de las dos que hoy aparecen”, publicó El Periódico haciendo referencia a un mensaje enviado por “Eco” a Baldetti.

Fuentes allegadas a la investigación del caso La Línea, así como las fuentes periodísticas del vecino país, han manifestado que la supuesta transacción que buscaba usar empresas falsas salvadoreñas como fachada de la compra de Corporación de Noticias nunca se concretó.

De hecho, las dos empresas que aparecen como propietarias de Corporación de Noticias son Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella S. A. y Arrendamientos, Servicios y Proyectos S. A., según consignó El Periódico. Ambas compañías son guatemaltecas. El rotativo también ha publicado que las relaciones entre Corporación de Noticias y sus empresas se evidencian en que dos personas vinculadas a Canchas Deportivas de Guatemala tuvieron participación en Inversiones Marbella, una de las accionistas de Corporación.

Lo que sí es cierto es que SANALPO es una empresa cuyo nombre comercial es el mismo que la empresa de Monzón: Canchas Deportivas de Centroamérica, fundada en la década de los noventa y dedicada a la construcción de instalaciones deportivas.

SANALPO fue fundada, según información de su página web oficial, en 1996. La empresa estaba ubicada en San Pedro Nonualco, departamento de La Paz, pero en 2012 cambió sus oficinas centrales a la colonia Escalón, en la capital salvadoreña.

En 2001, la compañía reportó activos al Registro de Comercio por $447,192.19. Para 2014, los fondos incrementaron a $1,893,085.85.

No obstante, archivos periodísticos de LA PRENSA GRÁFICA consignan que esta empresa fue fundada en noviembre de 1994 y que es una empresa familiar. Una publicación de noviembre de 2004 señala que uno de los accionistas de Canchas Deportivas fue cuestionado por un contrato de construcción de pistas de atletismo para los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe (CODICADER), del año 2002.

En esa ocasión, la Corte de Cuentas sometió a auditoría las licitaciones y contratos de adjudicación.

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