Fiscalía acusa de lavado de dinero a Sigfrido Reyes

El requerimiento de acusación contra Reyes y 13 personas más, entre estas su esposa y un hermano, fue presentado ante el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, informó el Ministerio Público.

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La Fiscalía de El Salvador acusó este martes formalmente al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes (2011-2015) de lavado de dinero, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes.

El requerimiento de acusación contra Reyes y 13 personas más, entre estas su esposa y un hermano, fue presentado ante el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, informó el Ministerio Público.

El fiscal del caso explicó a periodistas que la suma por la que los imputados serán procesados supera los 5 millones de dólares, de los que más de 470.000 dólares son atribuidos a Reyes y aproximadamente 660.000 dólares a su esposa.

Señaló que se "utilizaron varias modalidades para cometer los ilícitos como compra y venta de inmuebles y utilización e instrumentalización de varias sociedades".

Reyes enfrenta un proceso civil por supuesto enriquecimiento ilícito por $459.714, al igual que su esposa e hijo, a quienes les es cuestionado el origen de unos $13.000.

El político también ha sido incluido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en una lista de "funcionarios corruptos".

El exlíder del Congreso, guerrillero durante la guerra civil (1980-1992) y miembro del Partido Comunista Salvadoreño, que junto a otras organizaciones insurgentes formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue diputado entre 2006 y 2015.

Posteriormente fue presidente del estatal Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).

De acuerdo con medios locales, Reyes se encuentra asilado en México, por lo que la Interpol no pudo ejecutar la orden de captura en su contra.

Antes de Reyes, el único político ligado al FMLN que ha enfrentado un proceso civil similar fue el exmandatario Mauricio Funes, nacionalizado nicaragüense.

Funes fue condenado por una corte civil a devolver al Estado más de $419.000 en noviembre de 2018 y dicho proceso derivó en una causa penal por la supuesta malversación de más de $351 millones.

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