Fiscalía alquiló camioneta blindada con dinero de barriles

Institución amplió información sobre uso de fondos. Informe revela que no usó dinero incautado para lo que establece ley.
Enlace copiado
Fiscalía alquiló camioneta blindada con dinero de barriles

Fiscalía alquiló camioneta blindada con dinero de barriles

Fiscalía alquiló camioneta blindada con dinero de barriles

Fiscalía alquiló camioneta blindada con dinero de barriles

Enlace copiado
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la administración del extitular Luis Martínez, se gastó $10,962 en el alquiler de una camioneta blindada, un pick up y un vehículo tipo sedán para misiones oficiales en 2013. Y ese dinero salió de los $14.5 millones incautados en 2010 en un caso de lavado de dinero, conocido públicamente como los “narcobarriles”, según consta en las explicaciones que esa institución brindó esta semana como una ampliación a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre el uso de esos fondos.

El pasado 17 de diciembre, la FGR dio cumplimiento a una resolución del IAIP que ordenaba entregar un informe con el uso de los $14.5 millones, tras más de un año que el caso se mantuvo en apelación. En ese tiempo, la Fiscalía se mantuvo firme en su negativa a entregar los datos solicitados a través de una petición de información, ya que consideró que revelarlos podría dañar “investigaciones activas”.

La Fiscalía resumió el uso de fondos en un listado en el que solo enunciaba apartados. Debido a ello, el IAIP avaló una ampliación detallada en cada uno.

Exceptuando parte del uso de fondos que la FGR hizo en 2012, la mayor parte del dinero incautado en 2010 no corresponde al uso que la ley establece para bienes incautados. Antes de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio -a finales de 2014-, era la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LERARD), en su artículo 68 (ver recuadro), la que establecía cómo usar los bienes incautados. La FGR se acogió a un artículo de esa ley que para echar mano de los $14.5 millones encontrados en barriles enterrados en la hacienda El Recolado (La Paz), y una vivienda particular en San Juan Opico (La Libertad), pero no los usó en lo que ordena ese cuerpo legal.

El artículo 68 plantea además que los bienes incautados pueden y deben ser usados para fortalecer el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, que aglutina precisamente a personas que la FGR necesita para sacar adelante sus casos judiciales: para brindarles una canasta básica, darles resguardo o, incluso, sacarlos del país. Tanto el informe rendido por la Fiscalía, como fuentes allegadas al programa confirman que ni un solo dólar de los $14.5 millones incautados fue usado para atender a víctimas o testigos.

En 2012, último año de la administración del exfiscal Romeo Barahona, la FGR avaló el uso de $394,838.69. Casi la totalidad de ese dinero fueron usados para la puesta en marcha del Centro de Intervenciones a las Telecomunicaciones (CIT), pero fue bajo la administración de Martínez que los fondos se agotaron sin hacer caso al artículo 68 de la ley. Y pese a que la FGR se pasó más de un año negando la información ya había hecho una rendición de gastos dentro de los “Informes de la Gestión Financiera del Estado”, para los años 2013 y 2014, dentro del capítulo “Fondos de Actividades Especiales”, al Ministerio de Hacienda.

Este periódico ha cotejado las cantidades plasmadas de forma sucinta en dicho informe y coinciden con las proporcionadas por la FGR en el desglose de los fondos de los barriles. Así, la FGR asegura que a mediados de 2013 se quedó sin presupuesto para pagar los salarios, aguinaldos, prestaciones sociales y bono de 99 plazas jurídicas y administrativas. En otras palabras: a seis meses de jurar al cargo, el exfiscal Martínez agotó la planilla de 99 personas.

La FGR también utilizó el dinero de los barriles en pagar 43,821 cupones de combustible en 2013, lo que equivalió a $697,892.65 “más el 20 % de incremento en el referido contrato”, plantea la FGR en su resolución. Un chequeo en el sitio de compras estatales Comprasal arroja que la Fiscalía efectuó y asignó tres procesos diferentes para compra de combustible por cupones que utilizaría para el año 2013: una licitación pública por $998,249.50, que podría ser repartida por el proveedor en 100,000 cupones de $10, o 87,000 cupones de $11.43, para consumo anual. El otro proceso fue una compra directa -de emergencia, plantearon- por $199,640.77 que equivalían a 17,497 cupones de $11.41; y finalmente una compra por libre gestión por $53,684.05.

Comprasal registra que todos esos procesos se efectuaron durante el año 2012; aunque la licitación -que implicaba la proveeduría anual- se contrató hasta el 5 de febrero de 2013. La compra directa, según Comprasal, se hizo el 22 de enero de 2013. El proceso por libre gestión no refleja fechas.

Las explicaciones del informe también reflejan un marcado contraste de gastos y prioridades. Si bien, en 2013 la FGR asignó más de $10,000 en pago de alquiler de vehículos para misiones oficiales. Un año después, $36,465.10 del dinero de los barriles fueron para el mismo rubro. Una cantidad considerablemente menor -$1,072.71- se usó para la compra de tres boletos de viaje a Costa Rica, para igual número de fiscales becarios de la Maestría en Administración de Justicia Socio Jurídica Penal.

compra de terreno

La FGR detalla en su informe que casi la mitad del dinero de los barriles fue utilizada para la compra del terreno de 30,316.42 metros cuadrados, donde se proyecta la construcción del Complejo de oficinas de la FGR. Terreno que costó $7 millones. Su estudio de impacto ambiental presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), también avalado por el exfiscal Martínez, plantea que además de los edificios de oficinas, parqueos y otros; el proyecto tiene planeado una cancha de baloncesto, fútbol, una piscina y hasta un “centro de recogimiento espiritual”. El estudio, que fue aprobado por el MARN, también establece que el proyecto asigna 25 espacios de parqueo solo para uso del fiscal general y el fiscal adjunto.

La Asamblea Legislativa aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de poco más de $44 millones para la construcción de dicho edificio. Sin embargo, en una entrevista televisiva el pasado miércoles, el actual fiscal general, Douglas Meléndez, informó que a la licitación únicamente se presentó una empresa y el concurso fue declarado desierto.

Tags:

  • dinero
  • narcobarriles
  • fondos publicos
  • presupuesto
  • fgr
  • iaip

Lee también

Comentarios

Newsletter