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Fiscalía amplía investigación por tregua: Funes y Payés, en la mira

Juzgado ordenó investigar a Funes y Payés por la tregua. Juez condenó a exdirector de Penales Nelson Rauda y a seis más a trabajos de utilidad pública.

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Voluntad. El Juzgado Especializado de Sentencia A consideró ayer que los exjefes de penales podían haberse negado a cumplir órdenes contrarias a la ley, por lo que los condenó a penas excarcelables.

Voluntad. El Juzgado Especializado de Sentencia A consideró ayer que los exjefes de penales podían haberse negado a cumplir órdenes contrarias a la ley, por lo que los condenó a penas excarcelables.

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"Las investigaciones no han concluido en este caso, por lo tanto siempre hemos dicho que existirá una segunda fase". Así confirmó ayer la Fiscalía General de la República (FGR) que amplía la investigación contra exfuncionarios que beneficiaron a las pandillas durante la negociación entre el gobierno de Mauricio Funes y cabecillas de estructuras delincuenciales. Un pacto conocido como tregua.

El anuncio fue dado ayer por el fiscal Arturo Cruz luego de que un juez condenó a trabajos de utilidad pública a siete exjefes de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en la época de la tregua, entre 2012 y 2013. Antes de emitir la condena, el juez fue claro en señalar al expresidente Mauricio Funes y David Munguía Payés, ministro de Seguridad en esos años, como los que idearon el pacto entre pandillas.

El Juzgado Especializado de Sentencia A ordenó a la fiscalía que investigue a Mauricio Funes y Munguía Payés porque, a su criterio, el Estado generó una "improtección a la ciudadanía en general" por los ilícitos que las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) cometieron producto de las reuniones, fiestas y objetos ilícitos que recibieron durante la tregua.

El juez expresó su sorpresa porque la FGR no acusó, además de Funes y Payés, a otros exfuncionarios que conocieron la negociación con las pandillas y no la denunciaron, entre ellos Ricardo Perdomo, exministro de Justicia y Seguridad; Rodil Hernández, exdirector de Centros Penales; y Fanny Pacheco y Miguel Hernández, quienes dirigieron las cárceles La Esperanza (Mariona) y Quezaltepeque, respectivamente.

De acuerdo con el juez de Sentencia, la investigación de la fiscalía es "cuestionable" y "sesgada". También aseguró que debe de haber una investigación interna en la FGR para determinar si los fiscales encargados del caso cometieron un delito al no profundizar en la pesquisa contra todos los operarios de la negociación pandilleril. La actual acusación podría dejar en "impunidad" el pacto ilegal, dijo.

Cruz Vásquez, quien juzgó la repetición del proceso judicial por la tregua, dijo que existe certeza de que la tregua entre pandillas fue una política de Estado liderada por Funes y Payés, según los testigos que desfilaron en el juicio. La fiscalía omitió acusar a ambos junto con el grupo de 18 exempleados de Centros Penales, además de Raúl Mijango, autoproclamado mediador del pacto, que ayer escucharon el fallo.

La valoración del juzgado Especializado coincidió con la del juez Godofredo Salazar, que absolvió a 18 de los imputados el 29 de agosto de 2017. En esa ocasión, Salazar consideró que los procesados solo cumplieron órdenes de las autoridades de Seguridad Pública puesto que las negociaciones entre el Gobierno y las pandillas no fueron a espaldas de la Presidencia comandada por Funes, prófugo de la justicia.

El juicio fue repetido por orden de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La sala, luego de resolver dos recursos interpuestos por los imputados que buscaban bloquear el segundo juicio, le dio la razón a la Cámara Primera de lo Penal, que el 16 de marzo del año pasado había ordenado al tribunal Especializado volver a juzgar la tregua.

Condenan a exjefes de penales

A pesar de señalar durante varias ocasiones que la fiscalía hizo un "deficiente" trabajo, el juez decidió condenar a tres años de trabajos de utilidad pública a Nelson Rauda y Anílber Rodríguez, exdirector y ex inspector general de Centros Penales, respectivamente. Ambos fueron condenados por actos arbitrarios al permitir de manera ilegal 41 fiestas, traslados de reos e ingresos de objetos ilícitos en las prisiones.

Mientras que cinco exjefes de cárceles deben pagar una condena de dos años de trabajos de utilidad pública por haber acatado las órdenes superiores y haber permitido la introducción de ilícitos en penales (televisores, cocinas, videojuegos, entre otros). La ley salvadoreña regula que las condenas menores de tres años son excarcelables.

Los cinco exdirectores condenados son Félix Ruiz Soto (exdirector del penal de Ciudad Barrios, San Miguel), Rigoberto Palacios Carrillo (penal de Cojutepeque, Cuscatlán), Juan José Zepeda (cárcel de Izalco), José Adrián Abarca Molina (cárcel de Izalco) y Miguel Ángel Abarca (penitenciaría de Chalatenango).

El juez consideró que Rauda, Mijango, Rodríguez y Juan Castillo no formaron parte de la estructura ilegal que tomó las decisiones de la tregua y decidió absolverlos del delito de agrupaciones ilícitas.

También fueron exonerados nueve trabajadores del Consejo Criminológico Nacional que eran señalados por la FGR de emitir constancias ilegales para autorizar traslados de reos de máxima peligrosidad.

Cruz Vásquez calificó como "vergonzosa" la actuación de los exfuncionarios durante la tregua y advirtió a cualquier futuro gobernante para que, según dijo, evite cometer acciones ilegales que fortalezcan el accionar de las pandillas, como supuestamente lo hicieron Mauricio Funes y David Munguía Payés.

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