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Fiscalía asegura que el Hipotecario fue usado para cobrar soborno por El Chaparral

Fiscalía dice que ha logrado certificar que una parte del soborno que recibieron Funes y "Mecafé" fue repatriado por el Banco Hipotecario. Además, la FGR señala que violaron la LACAP.

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Polémico.  La fiscalía tiene indicios de que el Banco Hipotecario fue una pieza clave en la corrupción del gobierno de Funes.

Polémico. La fiscalía tiene indicios de que el Banco Hipotecario fue una pieza clave en la corrupción del gobierno de Funes.

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El Banco Hipotecario (BH) fue clave para que el expresidente Mauricio Funes y otros exfuncionarios cobraran parte del soborno que pagó la constructora Astaldi a cambio de que el Gobierno le diera un excedente de dinero para finalizar ilegalmente la construcción de la presa El Chaparral, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los vinculados a la corrupción de la presa El Chaparral son el expresidente Mauricio Funes; Miguel Menéndez, mejor conocido como "Mecafé"; Leopoldo Samour, expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); Mario Pieragostini, representante de Astaldi; Mitchell Guzmán, actual compañera de vida de Funes; y José Quinteros, un contador que trabajaba para Astaldi.

Las investigaciones fiscales, basadas en las declaraciones de un testigo con criterio de oportunidad conocido en el proceso judicial como "Mateo", y que la fiscalía ha logrado certificar, sostienen que Funes se aprovechó de su amistad con Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, para repatriar parte del soborno desde Panamá.

Mateo contó a los investigadores que el Banco Hipotecario, dirigido por Rivera Castro, fue el medio para que "Mecafé" y Mauricio Funes recibieran un supuesto préstamo de $650,000, que eran parte de los $3.5 millones que Astaldi pagó como soborno al gobierno anterior para finalizar la obra de El Chaparral de manera ilegal en 2012. El dinero fue repatriado en ocho transacciones, según el testimonio.

Manuel Rivera habría permitido transferencias de $300,000 a "Mecafé" por parte de Headford Business y Rayne Services, dos sociedades "offshore" ligadas al Menéndez. Además, dejó que los exfuncionarios recibieran fondos de un préstamo que el FPB Bank de Panamá autorizó para a la empresa Latin America Spa.

El testigo "Mateo" relató a la fiscalía que los procesados usaron esas técnicas para repatriar el dinero ilícito luego de que el FPB Bank informó a "Mecafé" que le iba a cerrar las cuentas por sospechas de lavado de dinero. Aunque Manuel Rivera no está acusado en este caso, permanece en prisión mientras las autoridades investigan si colaboró desde el BH con Funes para desviar $351 millones de fondos públicos.

El expediente judicial muestra que la sociedad Latin America Spa, ligada a Funes y su pareja, empezó a recibir transferencias internacionales a través de un préstamo de $800,000 conocido como "back to back" dado por el FPB Bank el 13 de abril de 2013. Ese tipo de préstamos está identificado como uno de los que permite la legitimación en el mercado financiero de fondos ilícitos, conocida como lavado de dinero.

Según el testimonio de "Mateo", que consta en el expediente judicial en poder del Juzgado Noveno de Instrucción, ese préstamo fue solicitado justo para transferir el dinero desde Panamá a El Salvador y ocultar su origen ilegal producto del supuesto soborno de Astaldi al gobierno de Mauricio Funes.

El testigo también aseguró que uno de los favores de Manuel Rivera fue permitir que "Mecafé" recibiera transferencias internacionales desde que abrió las cuentas. "Mateo" sostiene que los bancos permiten ese tipo de transferencias hasta seis meses después de que un usuario abra una cuenta.

Las investigaciones detallan que "Mecafé" fue el encargado de pasar el dinero al expresidente Funes, prófugo de la justicia de El Salvador.

Avance. El nuevo presidente de CEL, William Granadino, dijo en sus primeros días de gestión que la presa El Chaparral tiene un avance del 76 % y podría estar lista a inicios del próximo año.

El soborno de Astaldi

El caso inició en 2012, cuando Astaldi y la CEL acordaron finalizar por mutuo acuerdo la inconclusa obra de la presa El Chaparral, ubicada en San Luis de la Reina, de San Miguel. El Gobierno pagó más dinero respecto al avance real que tenía la obra a cambio de un soborno que recibieron exfuncionarios por parte de la empresa, según investigaciones.

La FGR señala que la CEL solo debía cancelar $63,255,582 correspondientes al 31.52 % de avance que tenía la construcción de la presa, pero el arreglo directo entre el Gobierno y la empresa constructora elevó la cifra hasta $108,500,000. La constructora Astaldi pagó a exfuncionarios una dádiva de $3.5 millones luego de que el Gobierno dio un excedente de $45,244,418 comparado con el avance real de la construcción, que en 2012 tenía retraso del 68.48 %, según las pruebas presentadas por la FGR ante la justicia, consultadas por LA PRENSA GRÁFICA.

Las investigaciones detallan que en un principio CEL aprobó $105 millones para finalizar el contrato con Astaldi, pero Leopoldo Samour intercedió para que ese pago incrementara hasta $108.5 millones. Ese incremento de $3.5 hace sospechar a los fiscales que fue el soborno pactado entre la empresa y los exfuncionarios.

Los exfuncionarios violaron la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su artículo 95, que impide que el Gobierno pague más dinero respecto al avance de la obra, como este caso, sostienen las pesquisas.

A pesar de esas inconsistencias, la Corte de Cuentas de la República (CCR), que era dirigida por Marcos Gregorio Sánchez Trejo, avaló el acuerdo entre el Gobierno y la empresa. La fiscalía asegura que Samour y Trejo acordaron ese aval; sin embargo, el ex jefe contralor no forma parte de la acusación hasta hoy.

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