Fiscalía busca que EUA colabore en investigación por municiones RIP

Fiscal general dijo que investigación surgió porque PNC y Defensa tienen criterios distintos sobre la legalidad municiones importadas.
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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF, en inglés), de Estados Unidos, que intervenga en la investigación para determinar si las municiones marca RIP son legales y pueden comercializarse en el país. Así lo explicó ayer el fiscal general, Douglas Meléndez, refiriéndose a un cargamento de municiones que la armería CONAVESA S. A. de C. V. importó con autorización del Ministerio de Defensa.

“Vamos a pedir ayuda a ATF para determinar si esas municiones pueden introducirse en el país. Creemos que hay una incongruencia entre el permiso otorgado y las municiones como tal que han sido introducidas en el país. Por eso vamos a pedir apoyo, porque como Fiscalía no lo podemos determinar técnicamente”, dijo el fiscal.

Meléndez explicó que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de la Defensa Nacional tienen criterios distintos sobre la legalidad de las municiones marca RIP y que fue esa la razón por la que surgió la investigación.

“Iniciamos un expediente de investigación a raíz de que la oficina correspondiente de armas de la PNC nos informó. Lo que hemos visto es que la Policía Nacional Civil tiene un criterio y el Ministerio de la Defensa tiene otro criterio y en este momento la Fiscalía debe determinar la legalidad de esas municiones”, explicó el fiscal general.

De acuerdo con un acta de la Policía, a la que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, un cargamento con 9,520 municiones marca RIP fue incautado en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, el 19 de julio pasado, para determinar la legalidad de esas municiones. El cargamento había sido comprado e importado, desde Estados Unidos, por la Compañía Nacional de Ventas de El Salvador S. A. de C. V., cuyo nombre comercial de armería es El Nuevo Alto Impacto.

Esta armería, según detalla el acta policial, tenía un permiso especial firmado por el director de logística del Ministerio de Defensa, José Mario Blanco. Ese permiso tenía una vigencia de un mes, comprendido entre el 11 de julio y 11 de agosto de este año.

El detalle de las municiones RIP importadas, según ese permiso, era: 4,520 municiones RIP para calibre 9 milímetros, 1,000 municiones RIP para calibre 0.380, 2,000 RIP para calibre 0.45 y 2,000 RIP más para calibre 0.40. El director de logística del Ministerio de Defensa, que aceptó hablar con LA PRENSA GRÁFICA después de la publicación en la que se revelaba la incautación de las municiones, aseguró que firmó el permiso porque las municiones RIP que CONAVESA pidió para comercializar no son prohibidas y que la Policía ha realizado un mal procedimiento.
 

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