Fiscalía debe estar vigilante para evitar delito de sedición, dice FUSADES

En El Salvador se castiga con penas de diez a quince años a quien sin desconocer la autoridad del Gobierno constitucional se alce tumultuariamente para deponer a algún funcionario de la administración pública o para impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones, entre otros objetivos. También se castiga la proposición, conspiración y apología para cometer rebelión o sedición.

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Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

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Mientras El Salvador vive un momento de confrontación entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa que incluyen la militarización del órgano Legislativo, el retiro momentáneo de los agentes PPI a los diputados y llamados a la insurrección, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se mantenga “vigilante para evitar cualquier delito contra el sistema constitucional”.

“Como por ejemplo, el de sedición, que podría darse si cualquier persona de forma tumultuaria y con violencia quisiera alterar el normal funcionamiento del Estado”, dijo FUSADES en un comunicado este domingo.

El delito de sedición y la pena por cometerlo está establecido en el artículo 341 del Código Penal salvadoreño.

En este se establecen penas de prisión de diez a quince años para “quienes sin desconocer la autoridad del Gobierno constitucional, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia” la ejecución de las leyes o un acto eleccionario o del escrutinio, “impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones o hagan cumplir las providencias administrativas o judiciales”, “deponer a algún funcionario de la Administración Pública o impedir que tomen posesión de su cargo los que hayan sido legítimamente nombrados o electos” y “ejercer, con fines políticos o sociales, algún acto de coacción contra las pertenencias del Estado o de algún organismo descentralizado”.

Además, si el infractor es un funcionario, empleado público o agente de autoridad o autoridad pública se añade una inhabilitación absoluta del cargo o empleo por el mismo tiempo.

La “proposición, conspiración y apología para cometer rebelión o sedición” también se define en el artículo 342 con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación del cargo para funcionarios, empleados públicos o agentes de autoridad.

FUSADES advirtió además que “la crisis institucional” que vive El Salvador podría tener como consecuencia la creación de un clima de inestabilidad política que afectaría las inversiones y repercutiría tanto en las calificaciones de riesgo del país como minaría las oportunidades de empleo.

La Fundación coincidió con la postura de la Asamblea y dijo que en El Salvador no existen condiciones extraordinarias para que el Consejo de Ministros convoque a la Asamblea.

“Se espera que finalmente prevalezca la sensatez y la cordura, y que se imponga el respeto a la institucionalidad democrática, que es el sistema en el que mejor se respeta la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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