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Fiscalía dice que busca cuentas de Saca en 22 países

El abogado de Julio Rank, Lizandro Quintanilla, aseguró que sería conveniente que movieran a su cliente hacia un centro penitenciario.
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Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que actualmente están realizando las peticiones judiciales para buscar cuentas relacionadas con el expresidente de la república Elías Antonio Saca y sus familiares, en 22 países.

Esto luego de que el Juzgado Cuarto de Instrucción diligenció la petición fiscal de congelamiento de cuentas bancarias en el exterior en el caso del expresidente y sus seis colaboradores.

“Estamos viendo eso, estamos trabajando en asistencia judicial en los diferentes países donde se tiene información donde podrían existir cuentas. Tenemos una lista de cerca de 22 países donde estamos trabajando” afirmó el jefe fiscal de la UIF.

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo recientemente que la ex primera dama de la república Ana Ligia Mixco de Saca realizó retiros de una cuenta en Dubái por un millón de dólares, en el marco del proceso judicial contra su esposo.

Los abogados defensores del expresidente Saca, e incluso la ex primera dama, han reiterado en varias ocasiones que no tiene cuentas en el extranjero.

Al término de la audiencia inicial del caso, uno de los abogados de Saca, Mario Machado, señaló que parece una estrategia fiscal, el que la FGR esté señalando la existencia de cuentas en el exterior y, según él, a través de ello, ejercer presión sobre la resolución que la Cámara Primera de lo Penal pueda emitir respecto a apelaciones que actualmente analiza.

La cámara fallará este próximo lunes ante las apelaciones interpuestas por los abogados defensores desde el pasado 10 de noviembre.

La defensa de Saca aseguró en su apelación que la jueza Pozas decretó detención provisional contra los imputados dos veces, sin ningún respaldo legal, ya que en una primera ocasión lo hizo porque faltaban 45 minutos para que venciera el plazo de detención y, según los abogados, en su fallo posterior no dejó en claro las razones por las que decretó la medida de la detención.

Carlos Sánchez, uno de los magistrados que conocerá la apelación por ser propietario de la Cámara Primera de lo Penal, es a la vez suplente de la Sala de lo Civil, sede que deberá decidir si los tres hijos del exmandatario: Gerardo Antonio Saca Mixco, José Alejandro Saca Mixco y Christian Eduardo Saca Mixco, deben enfrentar también un proceso civil por enriquecimiento ilícito. Este caso está siendo ventilado en la Cámara Primera de lo Civil.

El jefe de la UIF afirmó que aprovechando la etapa de instrucción (investigación) de cinco meses, otorgada por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, la Fiscalía está desarrollando “un arduo trabajo” por cada imputado, para asegurar las pruebas que serán presentadas en la audiencia preliminar.

“Estamos llevando una multiplicidad de diligencias, es una cantidad bastante fuerte, lamento no poder decirle en este momento de qué se trata cada una, pero sí son bastantes, porque son varias las personas vinculadas, y sobre cada una de ellas se tiene un cronograma de diligencias a desarrollar”, afirmó Cortez.

Abogado pide que vayan a penal

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador solicitó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) que informe sobre otra cárcel a la que podrían ser trasladados el expresidente Saca y los otros seis acusados en el caso.

Esto debido a que la jueza Cuarta de Paz, Nelly Pozas, otorgó medidas de detención y envió a los procesados a las bartolinas de la Dirección Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).

“En esa parte, creo que es importante que si el juez está solicitando eso, él sabe por qué lo está solicitando, nosotros ahí no tenemos mayor influencia” afirmó el jefe de la UIF al respecto, aunque también fue una petición fiscal.

El abogado defensor del exsecretario de Comunicaciones Julio Rank, Lizandro Quintanilla, dijo que aprueba la medida de trasladar a su imputado a un centro penal. Según el defensor, actualmente las medidas de seguridad de la DAN solo le permiten visitas de 15 minutos a sus familiares y abogados, lo cual está dificultando su trabajo en el caso.

El representante legal de Rank afirmó que aunque mover a su cliente a otro centro penal podría llegar a significar algún problema de seguridad para él, esto le permitiría mayor movilidad y la realización de actividades que abonarían a mejorar su salud mental.

Por su parte, la representante de los abogados defensores del expresidente Saca y del ex secretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix, Silvia de Bonilla, contrarió lo dicho por Quintanilla y afirmó que no estaría de acuerdo en un eventual traslado de sus representados desde las bartolinas de la DAN hacia otros centros penales, ya que esto podría afectar la salud de los detenidos, entre otras cosas.

El abogado José Alberto Machado informó, por su parte, que recientemente colocaron un recurso de revocatoria ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador para impedir las diligencias mandadas en la etapa de instrucción.

El caso en el que el expresidente Saca y seis colaboradores están siendo señalados de movilizar $246 millones de fondos públicos a cuentas privadas y retirar $116 millones en efectivo fue conducido por la nueva Unidad Especializada contra la Impunidad que creó el actual fiscal general, con el apoyo de cooperantes internacionales.

En el requerimiento fiscal se expone que el dinero llegaba a las cuentas privadas de los funcionarios y posteriormente era retirado a nombre de terceros, entre los que se cuenta desde partidos políticos hasta funcionarios del gobierno de Saca. La FGR también señaló que la Presidencia de la República realizó siete transferencias a una de las cuentas hacia donde se movía el dinero público, entre el 9 de septiembre de 2009 y el 15 de enero de 2010, es decir, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes Cartagena.

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