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Fiscalía indaga destrucción de documentos de Inclusión Social

El hecho sucede días después de que un reportaje de LPG reveló investigaciones de la FGR y nexos con una fundación privada que explota la imagen de Ciudad Mujer. La SIS dijo estar abierta a la investigación.

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Allanamiento. Agentes fiscales registran a personal e instalaciones  de la Secretaría de Inclusión Social allanadas anoche.

Allanamiento. Agentes fiscales registran a personal e instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social allanadas anoche.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que había iniciado una investigación por los cientos de documentos que contienen información oficial de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y que fueron encontrados destruidos en un basurero en las cercanías de esa institución de gobierno.

"FGR procesa evidencia desde tempranas horas afuera de las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social", publicó ayer por la tarde la fiscalía en su cuenta oficial de Twitter.

Por la noche, un grupo de fiscales y agentes de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron a las instalaciones de la SIS para "proceder al registro de allanamiento" de la institución en busca de documentos que pudieran arrojar algunas irregularidades o incluso indicios de delitos.

La destrucción de la documentación la reportó ayer por la mañana el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social (SITRASIS). La gremial aseguró que la acción de eliminar la información pública fue por órdenes de las jefaturas de la institución, un hecho que LA PRENSA GRÁFICA pudo constatar ayer en un basurero cercano a la zona.

A unos cuantos metros de la entrada de la secretaría, ubicada en la calle José Martí de la colonia Escalón, en San Salvador, un basurero contenía una bolsa plástica negra con documentos rotos que estaban relacionados con la institución pública. Además, había una caja grande, también con papeles, pero estos estaban triturados.

El hecho fue constatado además por personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que al ver las denuncias de lo sucedido en las redes sociales llegaron al lugar, revisaron el material y levantaron un acta.

En la basura. En la información que se encontraba ayer en el basurero había documentos desde la época del gobierno de Francisco Flores (2004) hasta 2018.

Preliminarmente trascendió que los documentos destruidos correspondían a registros de operaciones del proyecto Ciudad Mujer y operaciones contables.

El IAIP emitió un instructivo en marzo para que las instituciones públicas se abstuvieran de eliminar documentos. "Todo debía estar debidamente inventariado para ser entregado a las autoridades entrantes. Se nos alertó que habían encontrado estos papeles frente a la secretaría y lo que hemos hecho es acercarnos para levantar un acta y tomar evidencia fotográfica", declaró Óscar Campos, oficial de Gestión Documental del IAIP.

La subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe Hernández de Espinoza, dijo ayer que toda la documentación oficial de la SIS se encuentra "adecuadamente resguardada en archivos digitales".

Sin embargo, agregó: "La Secretaría de Inclusión Social está totalmente abierta y ha colaborado con todas las instancias para que se investigue y se deduzcan responsabilidades".

Y confirmó que desde el mediodía recibió a dos fiscales y giró "instrucciones a todo el personal para que se suspendieran cualquier manipulación de información para garantizar la investigación. La fiscalía se ha mostrado satisfecha", dijo De Espinoza.

La destrucción del material ocurre dos días después de que LA PRENSA GRÁFICA terminó de publicar un reportaje en el que revela que la SIS es investigada por la Fiscalía General de la República por sospechas de lavado de dinero y activos. En esa misma publicación también se reveló una serie de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental que funcionarios de la SIS cometieron por su relación con la Fundación Plenus, una organización formada por Vanda Pignato que ha explotado herramientas y la imagen del proyecto Ciudad Mujer en el extranjero.

En caso de que los documentos destruidos fueran oficiales, los responsables estarían violando el instructivo girado por la IAIP. Además de que el Código Penal establece prisión de uno a tres años para el funcionario que " haya suprimido, destruido u ocultado un documento público, auténtico o privado verdadero o una certificación o copia que lo sustituya legalmente...".

Reacción. Vanda Pignato, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliar, negó los señalamientos y dijo que toda la verdad se conocerá en un juicio que se realizará pronto.
INVESTIGACIÓN. El presidente electo, Nayib Bukele, pidió ayer mismo a la fiscalía que investigue lo que sucedió con la documentación encontrada en el basurero de la SIS.

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