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Fiscalía inicia las investigaciones de casos de espionaje

Fiscal general, Douglas Meléndez, dice que serán las primeras pesquisas las que determinen el delito, pero que en todo caso se podrían haber dado intervenciones a las telecomunicaciones.
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El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, anunció ayer que ya inició con las investigaciones de las denuncias de espionaje que se han dado en las últimas semanas.

“En estos casos no es que sea de oficio, sino que hemos recibido los avisos correspondientes de todas estas entidades, así que nosotros ya iniciamos los expedientes de investigación correspondientes por todos estos casos”, dijo el fiscal Meléndez al ser consultado sobre los casos. Algunas de estas entidades han asegurado que se trata de espionaje político lo que se está generando y que se está volviendo algo sistemático.

En total son cinco casos, entre organizaciones y gremiales empresariales, las que han denunciado que están siendo víctimas de espionaje. La primera entidad en denunciar este tipo de acciones fue la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Luego vinieron las denuncias de la Cámara de Comercio, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y por último la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

Todas han denunciado que han encontrados micrófonos o dispositivos para grabar en las reuniones o en las cámaras de videovigilancia.

Sobre el delito que se estaría cometiendo, el fiscal dijo que será con las primeras pesquisas con las que se determine su categoría.

“A raíz de cada aviso, la Unidad de Crimen Organizado es la que se está haciendo cargo ya del caso. Tenemos que investigar. Posiblemente lo que haya ahí es una intervención a las telecomunicaciones. Si un caso es un teléfono que está intervenido entre personas, pues ese es el delito: la intervención telefónica ilegal; pero podría haber otros delitos en relación con la libertad de las personas”, dijo el fiscal Meléndez.

El director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio Fabián, dijo ayer que el espionaje del que están siendo víctimas todas las organizaciones que han denunciado es porque “incomodan a los que de alguna manera tienen poder, incomoda a los autoritarios” (vea nota secundaria).

El fiscal Meléndez dijo que posiblemente lo que haya es una intervención a las telecomunicaciones. En ese sentido, el funcionario mencionó que ninguna entidad estatal o particular tiene la autorización para hacer ese tipo de prácticas. Incluso aseguró que la fiscalía puede valerse de esta herramienta en las investigaciones siempre y cuando sea autorizada por un juez.

“Si hay un mecanismo de escuchas, eso es ilegal. En este país es importante decirlo: ninguna institución de orden militar, ningún organismo de inteligencia, ninguna entidad estatal o particular tiene la potestad de estar escuchando a las personas, ya sea por micrófonos o intervenciones directas a los teléfonos ni por ningún otro medio. Ninguna persona, ningún ente de los que he mencionado puede hacerlo”, agregó Meléndez.

Penas por intervención telefónica

En el país, las intervenciones telefónicas están protegidas por la Constitución y prohibidas por el artículo 302 del Código Penal.

Según la normativa, quien cometa dicho delito puede enfrentar una condena de dos a cuatro años. “El que interceptare o interviniera las comunicaciones telefónicas o usare artificios técnicos de escucha o grabación de dichas comunicaciones o lo ordenare o permitiere será sancionado con prisión de dos a cuatro años”, se lee en dicho artículo.

El mismo tiene una condición para cuando esta acción la cometa un funcionario o empleado público. En ese sentido establece que tendrá una “inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo por igual tiempo”.

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