Lo más visto

Más de El Salvador

Fiscalía investiga a extitulares de Seguridad por corrupción

La Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) manejaba $14 millones de los fondos recolectados en las tiendas penitenciarias. Según el actual ministro de Seguridad, era para evadir la fiscalización de la Corte de Cuentas.

Enlace copiado
ASOCAMBIO.  El ministro de Seguridad presentó un aviso ante la FGR por corrupción en Centros Penales.

ASOCAMBIO. El ministro de Seguridad presentó un aviso ante la FGR por corrupción en Centros Penales.

Enlace copiado

"Como Fiscalía hemos iniciado las investigaciones desde tempranas horas en torno a las supuestas irregularidades encontradas en el uso de las tiendas en los centros penales". Así dijo ayer el fiscal general, Raúl Melara, mientras la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía General de la República (FGR) incautaba documentación relacionada con las tiendas penitenciarias y la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) en la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

El fiscal antipandillas encargado del caso dijo que el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, les proporcionó información contable y administrativa que les ayudará con la investigación.

Se trata de los cheques originales de las tiendas institucionales, libros auxiliares de contabilidad y distinta información de carácter contable; sin embargo, debe ser analizada por peritos contables y financieros de la Fiscalía para "determinar la posible participación de algún ilícito penal", dijo.

La acusación, según el fiscal antipandillas, no es la primera ligada con una supuesta corrupción con respecto a las tiendas penitenciarias. Actualmente, los exdirectores de Centros Penales Nelson Rauda y Rodil Hernández esperan un juicio por la misma temática.

"Los anteriores titulares de la DGCP hicieron mal uso de esos fondos de una forma discrecional, que incluso bancos del sistema financiero no quisieron continuar brindándoles servicios financieros, se ha creado una ONG llamada ASOCAMBIO que es la que está administrando las tiendas institucionales. Pero, eso puede ser para darle existencia legal a las tiendas institucionales o más bien personería jurídica", dijo el fiscal del caso.

Melara, además, dijo que la Fiscalía recibió un aviso por parte del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, sobre las supuestas irregularidades del manejo de fondos que realizaba ASOCAMBIO.

Los fondos pertenecientes a Centros Penales, según Rivas, eran manejados por "los mismos funcionarios", pero sin ninguna fiscalización por parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

"Con solo el hecho de que Centros Penales le adjudique el dinero de las tiendas penitenciarias a una ONG, cuyo representante legal es el exministro de Seguridad, es un evidente caso de corrupción que puede ser judicializado de inmediato", dijo el presidente Nayib Bukele este miércoles.

El mandatario agregó que contratarán a una empresa privada para auditar a ASOCAMBIO, pues la CCR no cumplió con su deber.

El aviso presentado ante la Fiscalía, según el titular de Seguridad, está basado en las auditorías que realiza el gobierno a la asociación creada por los exfuncionarios de Seguridad.

El exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde defendió que las tiendas penitenciarias no operaron dentro de la "vida legal" hasta 2010 y que fue por ello que crearon ASOCAMBIO.

"Desarrollamos un plan para darle solución a través de diferentes alternativas, de las cuales la más viable técnica y legalmente era constituir una Asociación sin Fines de Lucro (...), ASOCAMBIO inició operaciones en enero de 2019", detalló Ramírez Landaverde. Por ser una organización sin fines de lucro, según el exministro de Seguridad, los fondos fueron destinados para la atención de clínicas médico-odontológicas, las planillas de los trabajadores de la asociación y las necesidades urgentes de Centros Penales.

"La asociación cuenta con Auditoría Interna y oportunamente se comunicó a la Corte de Cuentas de la República del inicio de las operaciones. Supongo que por ser este el primer año, dicha entidad contralora no ha procedido a las auditorías pertinentes", agregó Ramírez Landaverde.

El actual ministro de Seguridad, sin embargo, debatió que Ramírez Landaverde hubiera pedido una auditoría concurrente a la CCR. "La excusa es que no llegó la Corte de Cuentas, más bien parece lavarse las manos el exministro con esta información", dijo Rivas.

Ante el pronunciamiento de Ramírez Landaverde, el FMLN respaldó "políticamente" las decisiones de los exfuncionarios de Seguridad Pública y Centros Penales, con el argumento de que durante sus carreras policiales demostraron "honestidad, profesionalismo y compromiso con el pueblo".

Sin embargo, para marzo de 2019, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentó una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en contra de los entonces funcionarios de Seguridad: Ramírez Landaverde; el exviceministro de Seguridad Raúl Antonio López; Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales; y el director jurídico del Ministerio de Seguridad, Roberto Nóchez, por incumplir con el artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).

FUNDE denunció que los exfuncionarios aparecían con "cargos, funciones y responsabilidades" dentro de la entidad privada por designación de ellos mismos para "administrar los fondos de las tiendas institucionales". De tal manera, según la demanda presentada ante el TEG, pedían les fueran aplicadas las sanciones correspondientes una vez el tribunal confirmara los hechos planteados.

Tags:

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines