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Fiscalía investiga sindicalistas por impedir justicia

Fiscalía remitió un requerimiento a la Corte Suprema para que le informe la cantidad de audiencias suspendidas.

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La Fiscalía General de la República (FGR) envió un requerimiento a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que le informe sobre la cantidad de audiencias judiciales que no han podido realizarse por el bloqueo impuesto por sindicalistas al Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.

Según el oficio SG-GR-240-20 de la Secretaría General de la Corte, la Fiscalía le solicitó un informe sobre cámaras, tribunales y juzgados que "vieron afectadas sus labores el jueves 25 de junio con ocasión a las actividades y bloqueos de calles y accesos a ese centro judicial realizados por miembros de sindicatos del Órgano Judicial, que dieron como resultados la suspensión o aplazamiento de audiencias".

El oficio de la Secretaría General de la CSJ fue girado a magistrados de cámara y jueces el lunes pasado y les da 48 horas para que le informen la cantidad y tipo de audiencias que fueron afectadas.

La investigación de la Fiscalía es consecuencia a una protesta que realizaron los sindicalistas el jueves pasado, y que volvieron a hacer este lunes, porque consideran que existe un riesgo de contagio del nuevo coronavirus de los empleados del Órgano Judicial.

Los sindicatos que han promovido el bloqueo y cierre de sedes judiciales han sido el Sindicato de Trabajadoras Y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) y el Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador 30 de junio (SEJES).

Ante el bloqueo de las sedes judiciales, la Corte Suprema de Justicia ha insistido en que no existen casos confirmados del covid-19 en los empleados del Órgano Judicial. Además, los magistrados han elaborado un plan de retorno a las actividades donde han dejado abierta la posibilidad de que realicen las tareas de forma presencial, semipresencial o a distancia.

Dos de las audiencias más importantes que se han suspendido por las actividades de los sindicalistas son una revisión de medidas para Blanca Rosa Rais Mejía, hermana de Enrique Rais, procesada por corrupción judicial. Además, una audiencia preliminar contra 97 supuestos pandilleros capturados en la Operación Escudo Regional.

Otra de las audiencias que estuvo a punto de suspenderse fue el proceso que el juzgado especializado en violencia contra la mujer sigue contra Ronald Atilio Urbina , acusado de matar a su pareja Jocelyn Abarca.

Diversos sectores han dicho que la suspensión de audiencias puede favorecer a imputados con la libertad por cumplir más de dos años sin que exista una sentencia en firme, tal como lo exige la legislación del país.

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