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Fiscalía no procederá contra comunidades armadas para defenderse porque “es su derecho”

Fiscalía y Seguridad avalan que civiles se organicen para controlar a pandilleros.
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“La gente tiene derecho a defenderse en sus comunidades, la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado, pero la gente tiene derecho a defenderse”. Así respondió ayer el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ante una publicación de LA PRENSA GRÁFICA que reveló cómo una comunidad del Bajo Lempa, en el municipio de Tecoluca (San Vicente), ha decidido organizarse con patrullajes para enfrentar a las pandillas.

El fiscal general, sin entrar en detalles, dejó entrever que no procederá contra la población que se ha armado para defenderse de la delincuencia causada por pandillas, que golpea con fuerza en la zona rural del país.

Un día antes, este periódico también le consultó sobre el tema al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. El funcionario dijo que “la organización comunitaria es un derecho constitucional. Todas las personas tienen derecho a organizarse con fines lícitos y en segundo lugar es una realidad, organizaciones de este tipo hay muchas en el país, en todo el país”, en coincidencia con la postura del fiscal.

El ministro agregó que además de la comunidad del Bajo Lempa, también hay otras comunidades organizadas en el volcán de San Vicente. “Esas organizaciones las iniciamos en 2014 ante el incremento de grupos armados, donde muchas comunidades estaban sometidas. Por esa razón se establecieron grupos de la policía y nos pusimos a trabajar con gente de la comunidad que estaba con disposición de trabajar con la autoridad”, señala Landaverde.

Sin embargo, el ministro descarta que se trata de civiles que estén tomando justicia por su propia cuenta. Alega que solo realizan funciones de vigilancia y control en la zona, y que lo hacen sin armamento. “Para hacerle frente a la esta situación es que creamos esto, no es que la gente se haya armado, sino que los pusimos a trabajar de la mano con la Policía. Esas fotos de ciudadanos que posan con armas no corresponden a la realidad”, sostiene.

También menciona que ya fueron judicializados los casos en los que comunidades, con ayuda de policías, tenían grupos de exterminio. Entre esos el de un grupo de La Libertad que fue enviado a juicio recientemente por sicariato.
 

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